El amparo que derivó en esta medida fue presentado hace una semana por el legislador Alejandro Bodart (MST-Proyecto Sur).  En seguida el gobierno presentó a la Justicia los argumentos para poder concretar la suba;  usando los mismos argumentos que había expresado en la audiencia pública del 1º y 2 de marzo, cuando  justificaban el aumento en “el incremento generalizado de precios de la economía de nuestro país en el año 2012” y además de hacer una comparación con tarifas vigentes para otros subterráneos latinoamericanos.

Ayer, el magistrado consideró “escasos” los elementos aportados a la causa por parte del Ejecutivo, como para validar el aumento. Agregó  a su vez que la documentación presentada “no permitiría establecer si el Gobierno de la Ciudad efectuó previamente un análisis integral de la estructura de costos para la explotación del servicio subte”.

Además está el planteo de la necesidad de una “tarifa social” para permitir el acceso de los pasajeros de bajos recursos, argumento justificado por el juez al exponer la caída del 24% en la venta de boletos después del tarifazo de 2012 (cuando subió de $1,10 a $2,50). Al adoptar la cautelar el juez sostiene estar incluyendo a un sector importante de la población que se vería perjudicada con la suba.

La respuesta del PRO fue inmediata: “Vamos a apelar. Este es un fallo demagógico y no hay nada que fundamente la decisión del juez. Vamos a ir ante la Cámara pero antes, como siempre hemos hecho, acataremos lo dispuesto por el juez", manifestó la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal en declaraciones radiales. A su vez sentenció: “De un juez espero que en sus fallos haga lo correcto y no lo que es popular”, diciendo que es “un fallo que quiere quedar bien con los usuarios, pero les va a costar a los vecinos de la ciudad un millón de pesos por día como consecuencia de no aplicar el aumento y los fondos para que funcione el subte van tener que salir de otras partidas”.

U.K.