Piden la ley de emergencia social en la Ciudad

Hubo una audiencia de organizaciones sociales en la Defensoría porteña.
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El Consejo, institucionalizado el 13 de abril pasado, hizo una audiencia pública para pedir, en la sede de la entidad ubicada en avenida Belgrano 673, en el barrio porteño de Monserrat, que se implemente la ley de emergencia social, sancionada en diciembre del año pasado por el Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires.

 

Los miembros del Consejo, presidido por Roberto Baigorria (Libres del Sur) se ubicaron el salón de actos del primer piso de la Defensoría pasadas las 15.30. Colmaron el lugar decenas de militantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa (CCC), Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), entre otros espacios territoriales colmaron.

 

Antes de dar comienzo a las disertaciones, se entregó una distinción a los consejeros presentes: Luciano “Tano” Nardulli (CCC), Raúl Ramírez de Proyecto 7 (trabajan la problemática de la gente en situación de calle y participaron del censo popular a sin techo que se hizo la semana pasada), Jaqueline Flores (CTEP – MTE), Walter Córdoba (Barrios de Pie), Santiago Agüero (Frente Popular Darío Santillán), Maria Eugenia Reyes (Movimiento de Ocupantes e Inquilinos – Central de Trabajadores de la Argentina), Raquel Vivanco (Mumalá), Marisol Cirano (MTD – CTA), Marta Yane (CTEP).

 

También se sentaron en la mesa del Consejo el vicepresidente del Parlasur y ex legislador porteño por el Frente para la Victoria, Jorge Taiana; los autores de la ley de emergencia social, el senador Juan Manuel Abal Medina (FpV) y la diputada nacional por Mendoza Graciela Cousinet (Libres del Sur); el padre Carlos Accaputo, de la Pastoral Social porteñacercano al Papa Francisco; Agustín Salvia del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA); el diputado nacional por Tucumán Federico Masso (Libres del Sur); Laura González Velasco y José “Pepe” Peralta del Consejo Económico y Social de la Ciudad.

 

Acompañó esta mesa el titular de la Defensoría porteña, Alejandro Amor. Ante los presentes, que además de llenar el salón del primer piso colmaron las escaleras y buena parte de la planta baja, dijo que este organismo porteño convocó al Consejo basado en un modelo de Estado como “gran mediador social que busca equilibrios donde no los hay, donde tienen que cerrar las cuentas sociales”.

 

Los referentes de los movimientos sociales destacaron que haber logrado la ley de emergencia económica, que valida este Consejo, fue el producto de “diálogo y solidaridad” entre movimientos territoriales y populares.

 

“Nunca más se le ruega a nadie que nos represente”, dijo Jaqueline Flores en una clara crítica a los sindicatos y gremios.

 

Marta Yane de la CTEP expuso: “La unidad de los movimientos sociales está en las batallas que damos todos los días, no en las alianzas que sólo van por lo electoral”.

 

“Una de las cosas más ricas de este proceso es que empezamos a dejar de lado de la miseria de los dirigentes del capo popular, el liberalismo que nos metieron. Empezamos a ser más generosos entre nosotros. Empezamos a compartir lo logrado con generosidad”, añadió.

 

Al instante Walter Córdoba de Barrios de Pie opinó: “hay descreimiento, desgaste, mucha fragmentación del campo popular; hay que rearmarlo con solidaridad. En ese camino vamos, no va a ser fácil.

 

También habló Agustín Salvia del Observatorio de la Deuda Social. Contrapuso al sector asalariado, con derechos laborales y seguro social, con el de la economía popular,  social o el sector informal urbano de alta marginalidad.

 

“El capitalismo no generó inclusión social para todos ni trabajo pleno. En el país hay al menos un tercio que sobra en este esquema de acumulación. Este sector, de la economía social, puede ser atendido por programas sociales, pero pide empleo de calidad. El tercio reclama un desarrollo con inclusión social. Que esa parte produzca y participe en la producción de riqueza y sea reconocido por esa labor, reclama derechos sociales y económicos”, expuso al respecto.

 

“El 50 por ciento de población ocupada está en la economía informal, parte de esa economía es el segmento de la economía social. Siendo la mitad de fuerza laboral, el 81 por ciento no tiene acceso a seguridad social. Hay que garantizar el ejercicio de derechos económicos de esa economía social: acceso a jubilación, obra social, créditos, acceso tecnológico. Que sea más productiva en el sentido de producir riqueza y mejores remuneraciones”, expuso el representante de la UCA.

 

Habló de “las barreras estructurales que imposibilitan el acceso de un sector de la población a derechos esenciales”. Afirmó que la importancia de llamar la atención sobre “los aspectos invisibilizados de la realidad social” y el peligro de institucionalizar “la economía de la pobreza”.

 

J.C.

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