El jefe de Gabinete, Juan Abal Medina, comunicó vía conferencia de prensa que a través de un decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se instruyó "a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para que en su carácter realice todos los actos conducentes a la toma de posesión del inmueble" y que determine las "compensaciones que pudieran resultar de la revocación dispuesta".

El jefe de Gabinete subrayó que por el predio se pagó "un precio vil". Porque la compraventa aprobada por el Decreto 2699/91 se efectivizó por el precio de 30 millones de dólares y por el sistema de contratación directa. Sin emabrgo, el Tribunal de Tasaciones de la Nación aseguró en 2010  que la tasación del inmueble, según valores al 20 de diciembre de 1991, al contado y desocupado, era de 63,6 millones de dólares. Recordó que en esa oportunidad "la venta del predio fue realizada en forma directa, evitando los mecanismos vigentes que eran concurso o licitación pública". 

Además Abal Median enfatizó que "se le concedió a la Sociedad Rural Argentina un plazo de 10 años para saldar el valor del inmueble cuando tal prerrogativa estaba prohibida". También hizo referencia a la causa que tiene a su cargo el juez Sergio Torres en la que se procesó al ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, y a funcionarios y a directivos de la Sociedad Rural de aquella época, por el delito de "peculado".

"Los procesados sustrajeron del Estado nacional el bien, mediante la maniobra de asignarle un menor valor", dijo el jefe de Gabinete, tras lo cual agregó que "ha habido un dictamen de la Procuración de declarar la nulidad absoluta del decreto" en cuestión.

U.K.