Desalojaron a 43 manteros del predio de Perón y Boulogne Sur Mer entre detenciones y heridos

Así lo denunció Vendedores Libres, conducido por Omar Guaraz. Afirman que el Gobierno expulsaría a otros 60 del galpón de La Rioja e Yrigoyen.
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Vendedores Libres, agrupación de manteros conducida por Omar Guaraz, denunció que el viernes pasado desalojaron a 43 puesteros del predio de Perón y Boulogne Sur Mer. Este lunes hicieron la presentación en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y continuarán con asambleas internas ya que, dicen, habrá nuevos desalojos. Estiman que serán 60 del galpón de La Rioja e Yrigoyen.

 

Según fuentes oficiales, con la presencia de 400 agentes de la policía de la Ciudad de Buenos Aires se decomisó mercadería y se clausuraron puestos. Argumentaron los uniformados que algunos puesteros no cumplían con la asistencia exigida. El Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que administra los galpones, hizo la presentación formal para dar lugar al operativo policial.

 

“Todos ex manteros de Once desalojados en Enero Pasado por iniciativa del Jefe de Gobierno de la Ciudad. Los galpones según el jefe de Gobierno era la “Solución “para los trabajadores. Pero hasta el presente son más de un centenar los trabajadores expulsados de manera arbitraria”, expresa el comunicado oficial.

 

“Las asambleas y reuniones se mantendrán en la sede de la defensoría hasta convocar y reunir a la totalidad de los trabajadores expulsados. Sabemos también que existe una nueva lista con más de 60 puesteros del predio de la rioja e Irigoyen (el otro de los 2 predios construidos) que tiene previsto el gobierno desalojar de manera inmediata. Estos últimos también serán incluidos al momento de las acciones legales que oportunamente se darán a conocer”, agregan.

“Luego de las convocatorias para reunir a todos los compañeros ilegalmente expulsados se realizarán las acciones judiciales que correspondan, aparte de las que se cursaran por los hechos de violencia que aquel día se desplegaron: detenciones arbitrarias y las lesiones que sufrieron nuestros compañeros en la represión brutal, injustificada e innecesaria”, detallan. 

“También el decomiso de sus pertenencias y la falta de control y custodia de esta propiedad de los trabajadores. ¿Por qué fue ilegal? La caducidad de un permiso por incumplir el reglamento es un tipo de sanción administrativa. Debería tomarse luego de un proceso, que permita al permisionario defenderse, o presentar un descargo de modo previo a la caducidad (derecho de defensa)”, informan.

 

“Luego, una vez decidida la caducidad, debe ser notificado fehacientemente, indicando los recursos disponibles y los plazos. La persona puede interponer recursos administrativos y eventualmente judiciales, que suspenden la ejecución de la caducidad. Por lo que vimos, en el proceso no hubo ni derecho de defensa ni posibilidad de interponer recursos, y eso hace que haya sido nula la actuación del gobierno”, concluyen.

 

J.C.

 

Foto: P/12

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