Vecino de la Comuna 3 presentó 18.000 firmas contra los consorcios participativos

Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios del Consejo Consultivo Comunal 3, las presentó en la Legislatura porteña.
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El vecino y coordinador de la Comisión de Consorcios del Consejo Consultivo Comunal 3 Andrés Zulberti presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 18.000 firmas recolectadas en la página Change.org para oponerse a la implementación de los Consorcios Participativos, una aplicación web para cargar datos de todos los consorcios porteños.

 

Zulberti había iniciado el 21 de mayo su petición en la plataforma Change.org para que los 60 legisladores porteños rechacen con su voto el proyecto de ley Consorcio Participativo. A los 10 días de iniciada, había acumulado 4.062 firmas y el 11 de junio, cuando superó las 10 mil firmas, Zulberti cedió la petición a Indignados x las expensas que le cambió su título por el de '¡Frenemos el monopolio estatal de tu información! Decí no a Consorcio Participativo', informó el sitio Pequeñas Noticias.

 

En mesa de entradas de la Legislatura porteña el vecino entregó la caja y adjuntó una breve carta manuscrita introductoria dirigida al vicejefe de Gobierno y presidente de la Legislatura, Diego Santilli. Se lo numeró como el Expediente 1888-P-2018.

 

Zulberti participó en varias reuniones del Consejo Consultivo Comunal 3 para explicarle a los vecinos sobre la implicancia de volcar los datos de todos los consorcios porteños en una aplicación digital.

 

El jueves 28 de junio la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la ley para crear los Consorcios Participativos. El legislador porteño del bloque Vamos Juntos y presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Del Sol, expresó en el recinto de sesiones: “Los consorcistas carecen de información, participación y verificación. Hoy solucionamos esa demanda con una herramienta que facilitará y transparentará la administración de su dinero y del edificio”.

 

Según la Dirección de Defensa al Consumidor, que depende de la Secretaría de Atención Ciudadana, en el primer semestre de 2018 hubo más de 500 denuncias contra administradores de consorcios, encabezando el ranking de infracciones con 237 multas tras la no resolución del caso en audiencia de conciliación.

 

Hay más de 47.000 consorcios en territorio porteño. Esta ley busca controlar el trabajo de los encargados, verificar los pagos, vencimientos y reclamos. Los dueños de propiedades pueden participar en las reuniones de consorcio de manera virtual. También se podrá “reservar el uso de espacios comunes, habilitar foros de discusión para resolver temas de convivencia, obtener el reglamento de copropiedad, controlar los gastos y realizar el pago de expensas, entre otros', aseguran en el Gobierno porteño.

 

Este verano, integrantes del grupo “Indignados por Expensas” se vistieron como en la popular serie La Casa de Papel para protestar contra los Consorcios Participativos, cuando todavía era un proyecto de ley.

 

Sobre este grupo, sus miembros afirmaron que es un movimiento de consorcistas, integrado por propietarios e inquilinos que surge con motivo del nuevo este proyecto. “Es un cambio de paradigma. Es lo que se denomina el “tecnopoder” que atrapa “todo tipo de datos” conectados en celular, computador y notebook. En el caso particular de propiedad horizontal, cuando el propietario tenga que dar sus datos personales, privados e información sensible al administrador, loguearse en el sistema único, obligatorio y monopólico del Gobierno para acceder al mismo; quedará incrustado y más aún con los chats obligatorios que el gobierno impone a los consorcios”, advierten.

 

“La vida en los edificios pasará a ser un objeto de mercado y la identidad de los propietarios e inquilinos, datos personales cooptados a la fuerza por el administrador, serán datos e información monetizables. La persona como elemento, la inducción de conductas, la vulneración de derechos, privacidad, intimidad; para delinear una trazabilidad y cartografía que segmenta a los edificios y a los vecinos, sus comportamientos, consumos, preferencias, gustos, costumbres, horarios, poder adquisitivo, genero, religión, política y tendencias”, explican para fundamentar su malestar con la medida del Gobierno local.

 

J.C.

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