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Sobre el censo de empleados públicos


Foto: Guillermo Viana/GCBA.

El censo de empleados públicos que realiza el gobierno porteño reveló la existencia de fallecidos y jubilados que figuraban como activos y personal con licencias reiteradas, entre otras irregularidades, tras analizarse la situación de más de 52.000 trabajadores.
    Los datos se presentaron en una conferencia de prensa que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, brindó en el Palacio Comunal junto al jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro de Hacienda, Néstor Grindetti.
    Hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda relevó a 90.150 empleados de la administración porteña, sobre un total estimado de 130.000, de los cuales 52.370 ingresaron en un sistema de análisis que permitió conocer los detalles de su relación laboral.
A su vez Macri declaró en Radio Uno, respecto de los resultados parciales de dicho censo, una estafa de 100 millones de pesos en la compra de medicamentos. “Estamos trabajando, investigando, haciendo demandas para aquellos que encontremos que hayan estafado a la Ciudad. El hospital que mejor compra paga siete veces menos que el hospital que peor compra. Se robaban 100 millones de pesos en compra de medicamentos”. Específicamente refiriéndose a los resultados del censo a los empleados porteños afirmó que “Los muertos ya no cobran más, los que están de licencia tendrán un sumario. Se puede cobrar máximo dos años de licencia y algunos siguen cobrando. Se sigue investigando porque son años de malas prácticas”.
     Pero volvamos a lo dicho concretamente en la conferencia (según el portal porteño): el ministro de Hacienda puntualizó que se detectaron “casi 3000 inconsistencias” en el vínculo laboral, con casos como 38 personas fallecidas que aparecían como trabajadores activos en los registros de las distintas dependencias de la administración porteña.
    La web porteña puntualiza: “La base de datos mostró que, además, hay 165 jubilados trabajando, 80 no reconocidos por la autoridad superior, 50 que no se presentaron al censo, 1700 con licencias que podrían haber sido otorgadas en forma irregular y unos 1000 que renunciaron”.
    A su vez hubo casi 3000 casos de contratados a quienes la actual administración porteña no se les renovó el contrato por considerar que las designaciones ocurrieron como resultado de compromisos políticos de anteriores gestiones.
  De más está aclarar que no comunicaron sobre su propio amiguismo político ni hablaron sobre los “incentivadores” sobresueldos de los cargos políticos.

U.K.

Buenos Aires, 23 de julio de 2008.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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