Sobre
el censo de empleados públicos
Foto: Guillermo
Viana/GCBA.
El censo de empleados
públicos que realiza
el gobierno porteño
reveló la existencia
de fallecidos y jubilados
que figuraban como activos
y personal con licencias
reiteradas, entre otras
irregularidades, tras analizarse
la situación de más
de 52.000 trabajadores.
Los
datos se presentaron en
una conferencia de prensa
que el jefe de Gobierno
porteño, Mauricio
Macri, brindó en
el Palacio Comunal junto
al jefe de Gabinete, Horacio
Rodríguez Larreta,
y al ministro de Hacienda,
Néstor Grindetti.
Hasta
la fecha, el Ministerio
de Hacienda relevó
a 90.150 empleados de la
administración porteña,
sobre un total estimado
de 130.000, de los cuales
52.370 ingresaron en un
sistema de análisis
que permitió conocer
los detalles de su relación
laboral.
A su vez Macri declaró
en Radio Uno, respecto de
los resultados parciales
de dicho censo, una estafa
de 100 millones de pesos
en la compra de medicamentos.
“Estamos trabajando,
investigando, haciendo demandas
para aquellos que encontremos
que hayan estafado a la
Ciudad. El hospital que
mejor compra paga siete
veces menos que el hospital
que peor compra. Se robaban
100 millones de pesos en
compra de medicamentos”.
Específicamente refiriéndose
a los resultados del censo
a los empleados porteños
afirmó que “Los
muertos ya no cobran más,
los que están de
licencia tendrán
un sumario. Se puede cobrar
máximo dos años
de licencia y algunos siguen
cobrando. Se sigue investigando
porque son años de
malas prácticas”.
Pero
volvamos a lo dicho concretamente
en la conferencia (según
el portal porteño):
el ministro de Hacienda
puntualizó que se
detectaron “casi 3000
inconsistencias” en
el vínculo laboral,
con casos como 38 personas
fallecidas que aparecían
como trabajadores activos
en los registros de las
distintas dependencias de
la administración
porteña.
La
web porteña puntualiza:
“La base de datos
mostró que, además,
hay 165 jubilados trabajando,
80 no reconocidos por la
autoridad superior, 50 que
no se presentaron al censo,
1700 con licencias que podrían
haber sido otorgadas en
forma irregular y unos 1000
que renunciaron”.
A
su vez hubo casi 3000 casos
de contratados a quienes
la actual administración
porteña no se les
renovó el contrato
por considerar que las designaciones
ocurrieron como resultado
de compromisos políticos
de anteriores gestiones.
De más
está aclarar que
no comunicaron sobre su
propio amiguismo político
ni hablaron sobre los “incentivadores”
sobresueldos de los cargos
políticos.
U.K.
Buenos Aires, 23 de julio
de 2008.
