Dos fallos
judiciales resaltan la crisis
habitacional y la pobreza
en Buenos Aires
La crisis habitacional en
la ciudad de Buenos Aires
viene reflejándose
en las decisiones que toma
la justicia. Un juez ordenó
al Gobierno porteño
que se abstenga de iniciar
cualquier acción
para desalojar a los habitantes
de la Villa 21/24 y le pidió
que construya de viviendas
dignas para los afectados.
Por su parte, un tribunal
confirmó una sentencia
para que se siga brindando
“alojamiento adecuado”
a una familia pobre.
La
crisis habitacional de los
sectores sociales más
vulnerados de la ciudad
de Buenos Aires parece seguir
sin solución a pesar
de que hace tres años
la Legislatura dictó
una ley que declaró
la emergencia al respecto.
Esto se afirma a partir
de dos nuevos fallos de
la Justicia porteña
que buscan resguardar a
los habitantes de la falta
de una vivienda digna.
En
una primera decisión,
el juez en lo Contencioso
y Administrativo Roberto
Gallardo ordenó al
Gobierno de la Ciudad abstenerse
“de cualquier acción
de desalojo o expulsión,
sea cual fuere su modalidad
operativa, que pudiere vincularse
con los habitantes de la
Villa 21/24” que ocupan
un predio de la zona de
Barracas.
Mientras
que por su parte, en un
caso individual, el Tribunal
Superior de Justicia porteño
confirmó una sentencia
que hizo lugar a una acción
de amparo contra el Ejecutivo
local. Allí se ordenó
que incluya a una familia
en el programa de emergencia
habitacional hasta tanto
“no demuestre fehacientemente”
que su situación
“de vulnerabilidad
ha cesado”.
La
medida de Gallardo fue dictada
a través de una presentación
del Ministerio Público
a favor de las personas
que habitan el asentamiento
“La Toma”, que
había sido vendido
por el Estado nacional a
la Asociación Mutual
“Flor de Ceibo - Villa
21” en 1992. Luego
de esto, la parte compradora
y el gobierno de la Ciudad
habían acordado destinar
el lugar a la urbanización
de la Villa y la construcción
de viviendas adecuadas para
los vecinos residentes,
pero eso no ocurrió.
“En
los 15 años que transcurrieron
desde la firma del boleto
de compraventa y en las
más de seis décadas
de existencia de esta Villa,
la realidad de este enclave
urbano no sólo no
ha mejorado sino que se
ha agravado considerablemente,
en virtud de las omisiones
de las distintas gestiones
que se han sucedido en el
gobierno local que no han
diseñado ni ejecutado
acciones enderezadas a urbanizar
esta Villa”, dice
el fallo.
Por
esto, en la resolución
se les exige a las autoridades,
e incluso pide a la Justicia
Correccional Federal, que
no se desalojen a las familias
del asentamiento, ya que
“las viviendas que
los habitantes han construido,
que aún lejos de
ser adecuadas y dignas,
constituyen hoy por hoy
la opción única
que el sistema estatal les
provee”.
“Resulta
poco menos que sorprendente,
que la mutual y el gobierno
se transformen ahora en
víctimas y denuncien
una eventual ocupación
de tierras, cuando ellos
claramente las han detentado
por más de quince
años sin haber cumplido
su cometido específico,
abandonando a las familias
a su suerte y permitiendo,
en síntesis, que
su futuro se construya sobre
la basura y el olor nauseabundo
de las cloacas caseras”,
agregó el juez.
Y
culminó: “La
única posibilidad
de dotar de legalidad y
legitimidad a un eventual
desahucio, y por tanto evitar
la responsabilidad de la
República frente
a estrados internacionales
de Derechos Humanos, es
la del efectivo cumplimiento
por parte del Estado, sea
Nacional o local, de una
vivienda digna para los
habitantes del asentamiento”.
Fuente: Diario Judicial
Agencia Walsh - Tuesday,
Sep. 11
Bs. As. 12/9-2007
