Legislar
para proteger a proxenetas
y satisfacer a Estados Unidos
Imagen: argentina.indymedia.org
Con
la excusa de guardar la
integridad de víctimas
de trata y tráfico
de personas, semanas atrás
fue sancionada una polémica
ley inducida por los EE.UU
y por la cual se sanciona
a quienes realizan el trabajo
sucio de intermediaros en
la red mientras preserva
a sus organizadores.
El
pasado 9 de abril, el Congreso
nacional aprobó la
Ley de Trata y Tráfico
de Personas impulsada por
el poder ejecutivo por el
Ministro de Justicia Aníbal
Fernández. Entre
los principales interesados
en sancionar esta ley, se
encontraba el gobierno de
los Estados Unidos, quien
había manifestado
su preocupación al
considerar a la Argentina
como “país
en observación”,
ya que no contaba con una
ley federal que reprima
esta práctica delictiva.
El
proyecto convertido en ley,
fue resistido por organizaciones
feministas y sociales ya
que no persigue a proxenetas
y tratantes, ni garantizan
los Derechos Humanos quienes
sufren esos crímenes.
Entre otras cuestiones,
la ley diferencia entre
víctimas mayores
y menores de 18 años,
debiendo las primeras, probar
que fueron engañadas,
violentadas, torturadas
y/o abusadas. El repudio
radica principalmente en
dos puntos: primero, porque
supone que alguien puede
consentir su propia esclavitud;
segundo, para el caso de
la prostitución,
porque entiende que, en
un país empobrecido,
una mujer puede elegir libremente
entre prostituirse o buscar
otra forma de sostener sus
necesidades básicas.
El
alcance de la ley se amplía
en so aberración
al modificar el art. 145
del Código Penal,
por el cual establece sanciones
para quien “"captare,
trasportare o trasladare,
dentro del país o
desde o hacia el exterior,
acogiere o recibiere personas".
Precisamente, no contempla
a aquellos que se benefician
o quienes organizan esta
situación. En otras
palabras, la ley protege
a los organizadores de la
trata de personas, sancionando
solo a los que hacen el
trabajo sucio.
Números
Informes recientes producidos
por Naciones Unidas y la
Organización Mundial
del Trabajo, consignan que
4.000.000 de mujeres y niños
en el mundo son victimas
del “negocio”
de trata. América
Latina y el Caribe aportan
1millón 300 personas.
En Argentina, una mujer
puede ser vendida por 5.000
pesos o 150 pesos y aportan
una ganancia anual de 15
mil dólares. Queda
claro que esta pantomima
de ley contra la trata –que
llega 59 años tarde
porque la Argentina firmó
en el año 1949 el
Convenio para la represión
de la trata de personas
y de la explotación
de la prostitución
ajena-, es sólo un
intento de cumplir con los
requisitos de corrección
política de la Casa
Blanca y no el firme deseo
de terminar con esta catástrofe
humanitaria considerada
la esclavitud del siglo
XXI.
Agencia
Walsh
Fuente: Comunicadores Solidarios
Buenos Aires, 23 de abril
de 2008
