Una cruel asignatura pendiente

La ciudad está llena de espacios vacíos, así sea por trazas de autopistas no realizadas, por gente que volvió a sus pagos descuidando propiedades que en su momento tenían un bajo valor comparando con su actual residencia o por lo que fuere. Los orígenes son varios y diversos.
      Las necesidades de espacios también. Está la necesidad imperiosa de un techo para vivir. Y tal vez techo, o tierra, para laburar y gestar otras formas de vida e incluso de subsistencia.
      En una ciudad sin política real de estado para la vivienda, enterarse que hay espacios vacíos por especulación inmobiliaria, mientras mucha gente no tiene hogar, es una de las grandes contradicciones que demuestran que en la democracia lamentablemente no gobierna el pueblo, sino el dinero. Como consideramos al sujeto prioritario, y en esa línea el objeto debe servir para mejorar la calidad de vida, estamos de acuerdo con los grafitis callejeros, que tenemos visto, por el Abasto: “Ni casas sin gente, ni gente sin casas”. De hecho en Europa el movimiento scuater marca otro paradigma de pensamiento que no habría que desechar tan a la ligera. De todos modos, acá hay leyes, como el derecho por usucapión. Consideramos que, respetando la Constitución de la Ciudad, el gobierno porteño debe intervenir activamente para que los habitantes tengan una vivienda digna. En esta línea de pensamiento nos parece coherente préstamos accesibles para la refacción y/o reconstrucción. En ciertos casos, como podría ser un asentamiento, tal vez se podría pensar en una construcción con mayor capacidad de viviendas, y, de corresponder, un resarcimiento al propietario legal desde el gobierno contrayendo ahí una deuda los moradores, algo así como se hizo en varios casos de empresas recuperadas. O sea, legalizar la situación mediante una posibilidad coherente y dentro de las posibilidades de sus habitantes. Esto obviamente requiere de un diálogo con los vecinos por parte de las autoridades, cuestión que no caracteriza a esta gestión. Mejoraría las condiciones sanitarias y de seguridad para la gente, más allá de que levantaría el aspecto estético.
     Que quede claro que esto no implica que el gobierno no ayude con planes reales a todo el sector de trabajadores que alquilan -y a los que jamás se les cruzaría por la cabeza ocupar una vivienda- a acceder a la vivienda propia. Todo lo contrario, una buena política de vivienda no puede solamente quedarse con algunos casos extremos, sino apuntar a que todo el mundo, y qué más lógico que lo hagan quienes trabajan, accedan a una vivienda. Si el mercado se satura y la demanda baja, bajarían también los precios, incluso de los locales comerciales que, en ocasiones, ¡cuesta más el alquiler que lo que le queda al dueño del emprendimiento!
    Y ante condiciones de vivienda de miseria, la solución no puede ser echar a la gente. Si el estado interviene “recuperando” sus -en realidad, nuestros- inmuebles/tierras deberá también cumplir, insistimos, con la propia Constitución que sostiene que todo habitante tiene derecho a una vivienda digna.

Rafael Sabini
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Revista El Abasto, n° 110, junio, 2009.