¿Seguridad para
quién?
Ante la lectura
de pedidos de seguridad por parte de la
población, más sus ganas locas
de manejar patotas armadas, el gobierno
porteño sale en octubre con su propia
fuerza de violencia monopolizada y equipada
con la última tecnología.
Desde hace un tiempo hay una fuerte reacción
en contra del jefe de esa nueva Policía
Metropolitana, Jorge “Fino”
Palacios. La legalidad es como sostiene
el legislador PRO, presidente de la Comisión
de Presupuesto, Álvaro González,
quien al respecto respalda “la potestad
del jefe de Gobierno de designar al jefe
de la Policía”. Menos mal,
estamos en un estado de derecho y la ciudadanía
tiene posibilidades de imponer algunos cambios.
Veamos quién es Palacios…
Las acusaciones contra
Palacios son serias. Hay quienes sostienen,
como la diputada Liliana Parada, que como
policía estuvo “imputado por
encubrimiento del atentado a la AMIA”.
Eso a los familiares de las víctimas
del impune atentado a la AMIA les molesta,
y diría que mucho, pero, cosa rara,
la DAIA lo abraza, “confiados”
en la versión iraní. Las malas
lenguas (léase blog anti Palacios,
varios legisladores más y múltiples
medios) también sostienen que reprimió
el 20 de diciembre de 2001 en defensa del
estado de sitio que el entonces presidente,
Fernando de la Rúa impusiera. Según
Parada, también fue asesor de la
Policía neuquina que fusiló
a Carlos Fuentealba y “además
fue dado de baja de la (Policía)
Federal por su relación con la banda
que secuestró y mató a Axel
Blumberg". El padre de la víctima,
revolucionario de extrema derecha, calla
al respecto. Palacios a su vez es autor
de un libro que avala la represión
y el terrorismo de estado.
En fin. Sabemos
de qué lado está. Y sabemos
en qué país estamos.
El primero de octubre
la Policía Metropolitana, que actuará
en coordinación con la Federal, tendrá
sus primeros 850 efectivos “con experiencia”,
50 patrulleros, 50 móviles de investigaciones
y 35 motos, todo material de última
tecnología para “combatir el
delito”. Esperemos que estén
al “servicio de la comunidad”
y no como históricamente tantas veces
viene pasando, “al servicio de…”
quién sabe quien.
Por otro lado cabe agregar
algunas connotaciones a la palabra seguridad,
donde pareciera en el léxico de los
medios de desinformación masiva,
significar algo así como “más
policías que combaten el delito”.
Se olvida, no sólo la triste historia
que, diría, se opone a este planteo,
sino también otras lecturas de la
misma palabra donde el estado sí
o sí debería intervenir. Me
refiero a la inseguridad económica
que sufrimos a diario y que nos mantiene
entre ahogos y palpitaciones por riesgo
de no llegar a fin de mes o porque la factura
de gas se recontraengrosa. También
da inseguridad dejar a chicos en una escuela
donde el gas no funciona, o cruzar la calle
donde nadie te respeta. ¿Y qué
más inseguro que vivir sin un techo
y sin posibilidades de conseguirlo mediante
el trabajo? Cuanto más tajantes sean
las diferencias económicas mayor
será la inseguirdad... para todos.
Rafael
Sabini
[email protected]
Revista El Abasto, n° 112, agosto,
2009.
