Disputando las tierras
La sangrienta punta del
iceberg
Por una denuncia del gobierno
porteño se inició el martes
7 de diciembre un operativo policial con
orden judicial para desalojar a cientos
de familias que habían tomado terrenos
linderos y del Parque Indoamericano. Saldo
fatal inmediato: dos muertos. El sangriento
conflicto deja entrever que las políticas
de vivienda tanto del gobierno porteño
y del nacional no alcanzan.
Violencia policial.
En el operativo de desalojo del parque público
participaron la Policía Federal,
Gendarmería y Policía Metropolitana.
En conferencia de prensa el 8 de noche el
ministro de Justicia y Seguridad, Julio
Alak, anunció que han sido separados
de sus cargos los responsables del operativo
del martes. Además de esa medida
que involucra a la Federal, una fuente del
gobierno porteño aseguró (según
Página/12) que el ministro
de Seguridad, Guillermo Montenegro, ordenó
el secuestro de todas las armas que llevaban
ese día los hombres de la Metropolitana.
Brutalidad hubo y quedó filmada.
Sin embargo, los voceros de ambas fuerzas
insisten en que “no hubo balas de
plomo”… Lamentablemente y de
acuerdo a nuestra ideosincracia extremista
vino luego una ausencia total por parte
de las fuerzas que monopolizan la violencia
desde el estado y resultado fue tierra liberada
y más muertos.
Estafas.
Más allá del accionar de las
fuerzas de la violencia estatal del martes,
al día siguiente, a pesar de lo ocurrido
-o tal vez envalentonados por eso- cientos
de habitantes de la Villa 20 volvieron a
ocupar los terrenos en el Indoamericano.
Muchos argumentaron ventas truchas del terreno
público. Como fuere, y más
allá de que habría que encontrar
a los estafadores de semejantes promesas
-que tal vez sean los verdaderos iniciadores
del conflicto- la presencia de la gente
del lugar deja entrever el verdadero problema
de fondo: que las políticas habitacionales
serias son una asignatura pendiente.
Xenofobia.
Los medios hegemónicos dan voz a
todos los políticos con discursos
derechosos que culpan a las leyes inmigratorias
porque la mayoría de los que pretendían
parcelas en este parque eran de diferentes
países vecinos. Eso es desviar la
conversación instigando al racismo.
Este país invita en el mismísimo
preámbulo de su Constitución
a quienes quieran venir... ¿qué
importancia tiene el origen si todos tenemos
derecho a una vivienda digna? A su vez cabe
agregar lo que explicó la diputada
porteña María Elena Naddeo,
“la mayoría de las familias
ocupantes son parientes directos de familias
de las Villas 20, Piletones, Lugano y Soldati,
muy pocos vienen de otros distritos. No
son inmigrantes recientes, tienen años
de lucha y permanencia en nuestro país
y sus hijos son argentinos”.
Movilización
popular en contra. La inacción
policial, luego de la violencia desmedida
del martes, permitió que muchos vecinos
se manifestaran en contra de que se ocupen
tierras públicas. Si bien la defensa
del espacio de todos es una realidad legal
se mezclaron discursos xenófobos
y, lo que es peor pandilleros, o barras
bravas, que armas en mano pretendieron hacer
lo que hicieron contra Mariano Ferreyra
y la gente del PO el mes pasado: disparar
y matar creando un clima de caos y descontrol
generalizado.
Descontrol.
Al momento de esta edición, hay un
saldo de como mínimo cuatro muertos
y una treintena de heridos. Los parques
tomados ya son varios. El estado de situación
parece estar yéndosele de las manos
a las autoridades. Pienso que ante esta
situación de emergencia por la amenaza
de expansión de villas miseria no
podemos dejar de ver la raíz del
problema: la falta de serias políticas
habitacionales.
Falta de políticas
habitacionales. No alcanza con
lo que puedan ir desarrollando ONGs como
las de las Madres de Plaza de Mayo en materia
de viviendas para cubrir la gran necesidad
inmediata que requiere la cantidad de gente
que vive en la ciudad. No alcanza con un
IVC del gobierno porteño prácticamente
desmantelado. Es necesario que estado y
municipios trabajen seriamente, para desarrollar
un política de vivienda seria, logrando
así darle acceso no solo a los más
desamparados sino también a los trabajadores
regulares o independientes que no acceden
a los usureros planes de los bancos. El
derecho a una vivienda es una necesidad
humana de primera necesidad. Una participación
activa desde las autoridades frenaría
el negociado inmobiliario -que impone precios
altísimos en relación a los
ingresos e incorpora cláusulas sucias
al momento de alquilar con subas semestrales
con porcentajes más altos que la
inflación real- sólo porque
los propietarios tienen el as en la manga:
la necesidad imperante de una vivienda.
Rafael Sabini
[email protected]
Revista El Abasto, n° 127 , diciembre
2010.
