IMPA en vigilia ante amenaza de desalojo

Restistir estando juntos

El IMPA es una fábrica metalúrgica en pleno Almagro, Querandíes y Rawson, que fue recuperada hace años por sus trabajadores. Allí funciona también un centro cultural, un bachillerato popular, un proyecto de universidad y un centro de salud gratuito. Hoy están pasando por nuevos intentos de desalojo.
    Según el Gobierno de la Ciudad su origen como empresa se remonta a su fundación en 1910 por capitales alemanes. En 1945 se nacionalizó y en 1961, Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentinas Ltda. (IMPA), se transformó en cooperativa de trabajo. Su conformación como empresa recuperada remite a mayo de 1998, cuando el vaciamiento y el desmanejo de sus administradores anteriores la estaban quebrando. A partir de la recuperación, y con la nueva gestión, se reactivó la producción y se renegoció la deuda, consiguiendo un acuerdo homologado con los acreedores. Actualmente el IMPA es el referente más importante de las empresas recuperadas porteñas y está hoy ante un nuevo intento de desalojo por lo que los trabajadores han desarrollado un programa de vigilia, de resistencia.
   Este nuevo intento de desalojo parece un déjà vu del 2008 que culminaron con corridas, carros policiales hidrantes con tinta azul y otras yerbas que demostraron que cuando los laburantes se unen no es fácil correrlos. Una realidad es que el terreno que ocupa esta gran fábrica -según el portal del gobierno porteño segunda en el país en producción de aluminio- tienta con un negocio inmobiliario muy jugoso que involucra, según gente del IMPA, a jueces inescrupulosos.
   El gobierno porteño no solamente ha soltado la mano a las empresas recuperadas -la repartición que había generado el gobierno de Aníbal Ibarra, que había posibilitado el desarrollo de varias, como la Cooperativa Maderera Córdoba, no tiene funcionamiento actual- sino que hoy, además, el macrismo se ha preocupado por vetar ciertas recuperadas que habían logrado apoyo legislativo como ser la Cooperativa Impresiones Barracas.

   Eduardo Murúa -trabajador de IMPA y referente del movimiento- le comenta al periódico MU sobre la inconstitucionalidad de la ley que los protege: “Hay 24 leyes iguales en la Ciudad de Buenos Aires y a ningún juez se le antojó declararlas inconstitu-cionales. Lo cierto es que si la ley que nos protege no está vigente, hay peligro de desalojo”. Y luego desarrolla: “La ley 238 es muy clara: otorga tres años para pagar la expropiación de la fábrica y un año más para iniciar el proceso expropiatorio. Y la ley recién se había declarado el 26 de enero del 2009… Entonces, la decisión está por fuera de todos los plazos normales. Hay muchas empresas que han tenido hasta una prórroga en las expropiaciones y ningún juez lo cuestionó; el síndico podría haber cuestionado la inconstitucionalidad de la ley en la ciudad y no lo hizo”.
   En la misma entrevista Murúa da su lectura del intento de desalojo, al declarar la ley inconstitucional, según él es porque “hay una decisión política clara de desalojar un proyecto. IMPA no es solamente una empresa recuperada. Nosotros no somos trabajadores que recuperamos una empresa y nos quedamos haciendo pomitos: nosotros somos un espacio más de resistencia”.
    A las decenas de trabajadores, preparados para resistir cualquier intento de desalojo, se le suman las organizaciones sociales que los apoyan. Mientras le piden al estado nacional que intervenga con los bienes de la fábrica como garante realizan las vigilias con la intención de disuadir posibles intentos de desalojos en forma pacífica, con alegría, al aire libre, escuchando música, viendo películas, explicando el conflicto… en definitiva: resistir estando juntos.

R.S.