Cada cual su “Cromañón”

Mariano Madueña, creador y dueño de un singular espacio en San Telmo, GueBARa, tuvo que luchar años para mantener ese espacio para “gente común” en medio de una zona cada vez más turística; adaptando su pequeño local según todas las normativas que los distintos gestores le fueron imponiendo. Él, a su vez, fue una de esas voces que se alzó en contra de ese extremo control que implicó la era “post Cromañón” para los espacios culturales. No “arregló” con los inspectores, siempre buscó la legalidad y la denuncia. Su segundo lugar, Nacha, no corrió la misma suerte, apenas si sobrevivió un año hasta que una clausura puso fin a su intento de imprimirle poesía a la noche porteña.
      Hace unos días su padre, Isidoro, estuvo desaparecido –ya se encontró su cadáver– bajo escombros por negligencia de una constructora y porque falló el control estatal tan experto al momento de buscarle pelos al huevo en sus bares así como en el de tantos otros. Y la muerte de su padre es apenas la crónica de otra muerte anunciada. Hasta que la política habitacional no cambie, hasta que la vida humana no valga menos que los negocios de unos pocos.
No es casualidad que en el número pasado hayamos publicado una nota donde Gustavo Desplats exponía que una ciudad que históricamente ha sido gobernada por abogados el ingeniero Mauricio Macri sea el jefe de gobierno con más derrumbes. La nota no fue premonitoria -antes del de la calle Bartolomé Mitre al 1200- hubo una larga serie de derrumbes, unos cuantos con víctimas fatales, como el del boliche Beara o el gimnasio de Villa Urquiza. A su vez en el número pasado mencionamos el proyecto inmobiliario –en la Ciudad Boca Juniors- que apoya el ejecutivo porteño en cuanto a la creación de otro barrio de lujo al lado del casi vacío Puerto Madero. En este hay una mención al proyecto de un nuevo shopping en Caballito en predios que los vecinos reclaman parquizar.
    Todos estos hechos no son cuestiones aisladas, ni arbitrarias. Marcan una política ante la construcción y la demanda habitacional que tiene en cuenta al dinero más que a la necesidad de la gente. Una política donde la vivienda es mera mercancía, donde se hace lo que pida el mercado, cueste lo que cueste.
El control de las obras indudablemente es laxo; o al menos es muy flexible la atención que le dan a las advertencias de los vecinos y los habilitadores. El ingeniero Edgardo Castro, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo sostiene (Télam 5/11/11) que “hay un record de derrumbes en la ciudad por obras”, que en este “año hubo 13 hechos”. El especialista explica en que “hay medidas de ingeniería que hay que tomar para que esto no suceda, y eso lleva mucho más tiempo del económicamente rentable para una obra, entonces algunos se olvidan, hacen más rápido las cosas de lo que deberían y entonces después los edificios se caen”. Para el ingeniero “el nivel de los profesionales que trabaja en las inspecciones es bueno, pero los funcionarios políticos son todos incompetentes”. Se hacen edificios con cuñas extremadamente perpendiculares con la intención de ganar más sótano. Traducido al lenguaje que gobierna: una cochera, o una hilera de cocheras más de cada lado, implica dinero.
    Si hay derrumbe en muchos casos los tiempos judiciales justifican el mayor gasto que pueda ocasionar el problema al vecino. En otros se hace lo que conviene a toda sociedad anónima, se disuelve y que se haga cargo Montoto, o el estado, o sea todos nosotros, socios en pérdidas porque nunca compartimos ganancias.
    El ejecutivo debe dejar de considerar a las viviendas como mera mercancía; el techo es una necesidad fundamental contemplada por nuestra Constitución. En cuanto a los excesivos controles “post-Cromañón”, que vienen sufriendo innumerables espacios culturales, es hora de que comprendan que las trabas y las prohibiciones no son la solución. Hay que dar posibilidades y comprender que “Cromañón” no vendrá obligadamente por un incendio...

Rafael Sabini
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