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Comunas 3 y 5: últimas novedades

El camino descentralizador

Arrancó el mes de mayo con novedades descentralizadas. Mientras la Comuna 5 estrenó Sede en Plaza Boedo y su Consultivo creó la Comisión de Crisis, en la Junta Comunal 3 piden detalles sobre la gestión.
   En el panorama más general, un fallo pone más cerca a las UACs de la inconstitucionalidad, sumándose a los otros dos fallos anteriores y por decreto del Ejecutivo se transfirió patrimonio, presupuesto y personal de la Dirección General de Arbolado a la Secretaría de Atención Comunal para descentralizar las tareas en las 15 Comunas porteñas.

La Sede nueva

La Sede de la Comuna 5, en Carlos Calvo y Loria, ya es un hecho andante. Atrás quedó la época donde los vecinos tenían que hacer trámites en el edificio de Sarandí y la Autopista, en la vecina Comuna 3. Así quedó demostrado el jueves 22 de abril cuando el barrio de Boedo recibió a las máximas autoridades de la ciudad, es decir, al jefe de Gobierno; su vicejefa, María Eugenia Vidal; el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta y el secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, Eduardo Macchiavelli.
    De este modo, Mauricio Macri junto al presidente de la Junta Comunal 5, Marcelo Bouzas, inauguraron la sede ubicada en Plaza Boedo. “Estamos orgullosos de poder acercarles a los vecinos más servicios. Incorporamos trámites y servicios como la inscripción de nacimientos, rentas, defensa del consumidor, mediación, reclamos y consultas, la Oficina de Intermediación Laboral (OIL), asesoramiento jurídico gratuito, prevención del delito, documentación (DNI y pasaporte), renovación de licencias y pago de multas”, detallaron desde la Comuna 5 sobre las facilidades de la nueva sede.
   “El edificio también tendrá WIFI, ascensor y será plenamente accesible para todos. Además, vamos a atender a un promedio de 1200 personas por día, cuando en la vieja sede (Sarandí y la Autopista) sólo llegábamos a 500. Esto se debe a que duplicamos la cantidad de metros de atención al público, con una recepción 360° y un área de espera más grande”, sumaron.
   De todas formas, Todos por la Plaza de Boedo manifestó que se ejecutó “un hecho de usurpación de un edificio público en litigio, con dictamen de Cámara apelado por el propio gobierno, anticipándose al pronuncia-miento final del Tribunal Superior de Justicia produciendo un `hecho consumado` flagrantemente ilegal”.
   Argumentan esta postura al afirmar: “Visto el pronunciamiento de Cámara de julio de 2012 sobre la proporcionalidad del 30 por ciento de uso cultural y la obligatoria intervención de los juntistas de la Comuna, el GCABA no acepta la decisión y apela el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia presentando un recurso de queja y alegando inconstitucionalidad –ambos rebatidos ampliamente por la fiscalía– a la vez que niega en los hechos toda participación a los juntistas acallando las voces de cuatro miembros –en mayoría sobre los siete totales– de la Junta Comunal (tres del FpV y uno de Proyecto Sur) que han manifestado su desacuerdo en que la sede administrativa de la Comuna sea instalada en dicho edificio”.
   En repudio a esta situación, los comuneros de oposición Raúl Sánchez, Laura Corvalán y Carlos Benítez (Frente para la Victoria) y Patricia Machado (Proyecto Sur) habían adelantado a integrantes del Consejo Consultivo local que no participarían del acto de presentación; del cual fueron anunciados de forma telefónica por Bouzas la noche anterior, según comentaron.

Consultivo y nueva Comisión

En tanto, luego del consultivo de abril, se decidió crear una nueva Comisión: de Crisis. Este grupo de vecinos tuvo su encuentro inaugural el martes 22 a las 19 en Maza 34. Se plantea como propósito fundamental la elaboración de “una propuesta de plan de contingencia para la Comuna, que incorpore a los órganos comunales, vecinos y organizaciones como activos protagonistas ante situaciones de emergencia”.
   En tanto, se confirmó que el próximo Consejo Consultivo de la Comuna 5 se realizará el 18 de mayo. Al cierre de esta edición estaba pendiente la confirmación del lugar de encuentro.

La Junta responde
El viernes 19 de abril, los Juntistas Berenice Iañez, María Suárez, Alberto Lacherra y Jorge Juárez aprobaron un pedido de informes a la Presidencia de la Junta Comunal 3 (Balvanera y San Cristóbal), el cual fue respondido en parte al lunes siguiente.
   “Por no haber tenido presupuesto propio y jurisdicción [...] no se pudo ejecutar partidas, sólo cajas chicas”, [consultaron por] “el balance de todas las cajas recibidas por el presidente de la Junta Comunal”. También denunciaron que “el resto de dicho presupuesto y en su conjunto es absorbido por la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana”. La Presidencia aclaró que los gastos giraron en torno a compras en supermercados, elementos de oficina, en el marco de la pronta mudanza de la Sede Comunal 3 al edificio de Sarandí y la Autopista 25 de Mayo (la que fue Sede Comunal 5), según contaron fuentes comunales.
  El pedido de informes votado el 19 de abril instaba a responder “por qué los procesos licitatorios de espacios públicos de la comuna se hicieron por el mecanismo de licitación privada y desde organismos centrales del GCBA”.
   También se supo que quedó sin responder —en línea con el pedido comunal— acerca de los Consejos Intercomunales (donde los presidentes de las Juntas Comunales acuerdan con relación a acciones y proyectos que sean competencia de las comunas, pero no se hace público lo allí debatido), el acceso a la información de la gestión, la competencia de los juntistas en las áreas de participación vecinal y control comunal, la situación actual del personal de planta permanente (antes perteneciente a los CGPC), la fecha de mudanza al edificio de la calle Sarandí y “la falta de insumos materiales”.

Las UACs otra vez señaladas
La historia ya es conocida: un mes antes de que asumieran las 15 Juntas Comunales el Ejecutivo porteño firmó el Decreto 376/11 que creó las UACs (Unidades de Atención Ciudadanas). Las mismas cumplían funciones que ya estaban asignadas a las Juntas Comunales en la Ley 1777 de Comunas. Así, los comuneros denunciaron un intento de cercenar el poder real de las comunas y su potencial descentralizador.
   En tanto, hubo dos fallos a presentaciones judiciales —uno presentado por vecinos y el otro por legisladores— donde desde la Justicia se puso en tela de juicio la legalidad de las UACs y hasta en el segundo se las tildó de “ilegítimas”, a la espera de una resolución de fondo. También se señaló que como cumplían la misma función que los ex CGPC, debían subordinarse a las Juntas.
   Ahora se le suma que para el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario 15, Víctor Trionfetti, las UAC son “anticonstitucionales” y “cercenan a las Juntas Comunales”. Lo notable de esta sentencia es que —luego de que se las señale como “ilegítimas— ésta es la primera vez donde se habla de las UACs como “inconstitucionalidad” y donde se pide su “nulidad”.
   En ese sentido, el juez consideró que el decreto “desanda lo logrado por la ciudad y las normas legales vinculadas con la democracia participativa y las Comunas, reagrupando sobre el viejo molde del centralismo lo que normas superiores intentan superar”.
   De todos modos, en marzo de este año el Gobierno de la Ciudad apeló y es en el Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad desde donde se debe resolver la cuestión de fondo.
   Ahora deberá resolver la Sala 2 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributaria.

Descentralización verde
En otro orden de cuestiones ligadas a la descentralización, se supo que el Decreto 166/13 transfiere patrimonio, presupuesto y personal de la Dirección General de Arbolado a la Secretaría de Atención Comunal “para la posterior transferencia del control de la ejecución, certificación y priorizacíón de los mismos a las Comunas, conforme lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 1.777”, según el texto.
   “La Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana dará intervención al Consejo de Coordinación Intercomunal en el procedimiento de traspaso que aquí se establece (...) El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes a los fines de efectivizar las transferencias presupuestarias y de recursos establecidas en el presente decreto”, concluye el decreto porteño

Juan Manuel Castro
[email protected]


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Revista El Abasto, n° 155, mayo 2013.


 

 

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