Comunas 3 y 5: últimas
novedades
El camino descentralizador
Arrancó
el mes de mayo con novedades descentralizadas.
Mientras la Comuna 5 estrenó Sede
en Plaza Boedo y su Consultivo creó
la Comisión de Crisis, en la Junta
Comunal 3 piden detalles sobre la gestión.
En el panorama más
general, un fallo pone más cerca
a las UACs de la inconstitucionalidad,
sumándose a los otros dos fallos
anteriores y por decreto del Ejecutivo
se transfirió patrimonio, presupuesto
y personal de la Dirección General
de Arbolado a la Secretaría de
Atención Comunal para descentralizar
las tareas en las 15 Comunas porteñas.
La Sede nueva
La Sede de la Comuna 5,
en Carlos Calvo y Loria, ya es un hecho
andante. Atrás quedó la
época donde los vecinos tenían
que hacer trámites en el edificio
de Sarandí y la Autopista, en la
vecina Comuna 3. Así quedó
demostrado el jueves 22 de abril cuando
el barrio de Boedo recibió a las
máximas autoridades de la ciudad,
es decir, al jefe de Gobierno; su vicejefa,
María Eugenia Vidal; el jefe de
Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta
y el secretario de Gestión Comunal
y Atención Ciudadana, Eduardo Macchiavelli.
De este modo,
Mauricio Macri junto al presidente de
la Junta Comunal 5, Marcelo Bouzas, inauguraron
la sede ubicada en Plaza Boedo. “Estamos
orgullosos de poder acercarles a los vecinos
más servicios. Incorporamos trámites
y servicios como la inscripción
de nacimientos, rentas, defensa del consumidor,
mediación, reclamos y consultas,
la Oficina de Intermediación Laboral
(OIL), asesoramiento jurídico gratuito,
prevención del delito, documentación
(DNI y pasaporte), renovación de
licencias y pago de multas”, detallaron
desde la Comuna 5 sobre las facilidades
de la nueva sede.
“El edificio también
tendrá WIFI, ascensor y será
plenamente accesible para todos. Además,
vamos a atender a un promedio de 1200
personas por día, cuando en la
vieja sede (Sarandí y la Autopista)
sólo llegábamos a 500. Esto
se debe a que duplicamos la cantidad de
metros de atención al público,
con una recepción 360° y un
área de espera más grande”,
sumaron.
De todas formas, Todos
por la Plaza de Boedo manifestó
que se ejecutó “un hecho
de usurpación de un edificio público
en litigio, con dictamen de Cámara
apelado por el propio gobierno, anticipándose
al pronuncia-miento final del Tribunal
Superior de Justicia produciendo un `hecho
consumado` flagrantemente ilegal”.
Argumentan esta postura
al afirmar: “Visto el pronunciamiento
de Cámara de julio de 2012 sobre
la proporcionalidad del 30 por ciento
de uso cultural y la obligatoria intervención
de los juntistas de la Comuna, el GCABA
no acepta la decisión y apela el
fallo ante el Tribunal Superior de Justicia
presentando un recurso de queja y alegando
inconstitucionalidad –ambos rebatidos
ampliamente por la fiscalía–
a la vez que niega en los hechos toda
participación a los juntistas acallando
las voces de cuatro miembros –en
mayoría sobre los siete totales–
de la Junta Comunal (tres del FpV y uno
de Proyecto Sur) que han manifestado su
desacuerdo en que la sede administrativa
de la Comuna sea instalada en dicho edificio”.
En repudio a esta situación,
los comuneros de oposición Raúl
Sánchez, Laura Corvalán
y Carlos Benítez (Frente para la
Victoria) y Patricia Machado (Proyecto
Sur) habían adelantado a integrantes
del Consejo Consultivo local que no participarían
del acto de presentación; del cual
fueron anunciados de forma telefónica
por Bouzas la noche anterior, según
comentaron.
Consultivo y nueva Comisión
En tanto, luego del consultivo de abril,
se decidió crear una nueva Comisión:
de Crisis. Este grupo de vecinos tuvo
su encuentro inaugural el martes 22 a
las 19 en Maza 34. Se plantea como propósito
fundamental la elaboración de “una
propuesta de plan de contingencia para
la Comuna, que incorpore a los órganos
comunales, vecinos y organizaciones como
activos protagonistas ante situaciones
de emergencia”.
En tanto, se confirmó
que el próximo Consejo Consultivo
de la Comuna 5 se realizará el
18 de mayo. Al cierre de esta edición
estaba pendiente la confirmación
del lugar de encuentro.
La Junta responde
El viernes 19 de abril, los Juntistas
Berenice Iañez, María Suárez,
Alberto Lacherra y Jorge Juárez
aprobaron un pedido de informes a la Presidencia
de la Junta Comunal 3 (Balvanera
y San Cristóbal), el cual fue respondido
en parte al lunes siguiente.
“Por no haber
tenido presupuesto propio y jurisdicción
[...] no se pudo ejecutar partidas, sólo
cajas chicas”, [consultaron por]
“el balance de todas las cajas recibidas
por el presidente de la Junta Comunal”.
También denunciaron que “el
resto de dicho presupuesto y en su conjunto
es absorbido por la Secretaría
de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana”. La Presidencia aclaró
que los gastos giraron en torno a compras
en supermercados, elementos de oficina,
en el marco de la pronta mudanza de la
Sede Comunal 3 al edificio de Sarandí
y la Autopista 25 de Mayo (la que fue
Sede Comunal 5), según contaron
fuentes comunales.
El pedido de informes votado
el 19 de abril instaba a responder “por
qué los procesos licitatorios de
espacios públicos de la comuna
se hicieron por el mecanismo de licitación
privada y desde organismos centrales del
GCBA”.
También se supo
que quedó sin responder —en
línea con el pedido comunal—
acerca de los Consejos Intercomunales
(donde los presidentes de las Juntas Comunales
acuerdan con relación a acciones
y proyectos que sean competencia de las
comunas, pero no se hace público
lo allí debatido), el acceso a
la información de la gestión,
la competencia de los juntistas en las
áreas de participación vecinal
y control comunal, la situación
actual del personal de planta permanente
(antes perteneciente a los CGPC), la fecha
de mudanza al edificio de la calle Sarandí
y “la falta de insumos materiales”.
Las UACs otra vez
señaladas
La historia ya es conocida: un mes antes
de que asumieran las 15 Juntas Comunales
el Ejecutivo porteño firmó
el Decreto 376/11 que creó las
UACs (Unidades de Atención Ciudadanas).
Las mismas cumplían funciones que
ya estaban asignadas a las Juntas Comunales
en la Ley 1777 de Comunas. Así,
los comuneros denunciaron un intento de
cercenar el poder real de las comunas
y su potencial descentralizador.
En tanto, hubo dos fallos
a presentaciones judiciales —uno
presentado por vecinos y el otro por legisladores—
donde desde la Justicia se puso en tela
de juicio la legalidad de las UACs y hasta
en el segundo se las tildó de “ilegítimas”,
a la espera de una resolución de
fondo. También se señaló
que como cumplían la misma función
que los ex CGPC, debían subordinarse
a las Juntas.
Ahora se le suma que
para el juez en lo Contencioso Administrativo
y Tributario 15, Víctor Trionfetti,
las UAC son “anticonstitucionales”
y “cercenan a las Juntas Comunales”.
Lo notable de esta sentencia es que —luego
de que se las señale como “ilegítimas—
ésta es la primera vez donde se
habla de las UACs como “inconstitucionalidad”
y donde se pide su “nulidad”.
En ese sentido, el juez
consideró que el decreto “desanda
lo logrado por la ciudad y las normas
legales vinculadas con la democracia participativa
y las Comunas, reagrupando sobre el viejo
molde del centralismo lo que normas superiores
intentan superar”.
De todos modos, en marzo
de este año el Gobierno de la Ciudad
apeló y es en el Tribunal Supremo
de Justicia de la Ciudad desde donde se
debe resolver la cuestión de fondo.
Ahora deberá
resolver la Sala 2 de la Cámara
en lo Contencioso Administrativo y Tributaria.
Descentralización
verde
En otro orden de cuestiones ligadas a
la descentralización, se supo que
el Decreto 166/13 transfiere patrimonio,
presupuesto y personal de la Dirección
General de Arbolado a la Secretaría
de Atención Comunal “para
la posterior transferencia del control
de la ejecución, certificación
y priorizacíón de los mismos
a las Comunas, conforme lo dispuesto en
el artículo 51 de la Ley 1.777”,
según el texto.
“La Secretaría
de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana dará intervención
al Consejo de Coordinación Intercomunal
en el procedimiento de traspaso que aquí
se establece (...) El Ministerio de Hacienda,
a través de la Dirección
General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, arbitrará
las medidas pertinentes a los fines de
efectivizar las transferencias presupuestarias
y de recursos establecidas en el presente
decreto”, concluye el decreto porteño
Juan Manuel Castro
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