En el último edificio
histórico del pasaje Carlos Gardel
viven 25 familias que rechazan ser desalojadas
Casa Pantano
contra el desalojo
En el último
edificio histórico del pasaje Carlos
Gardel viven 25 familias que rechazan
ser desalojadas. El proyecto es hacer
un edificio moderno con cocheras y el
frente preservado. La contrapropuesta
a la expulsión es hacer allí
un “Museo de la Vivienda Social”.
En Casa Pantano, una casona que data de
principios del siglo pasado, se vive un
drama social y patrimonial. Está
sobre el Pasaje Carlos Gardel, en el corazón
del Abasto. Allí 25 familias, casi
setenta personas con treinta menores de
edad, están en situación
de alerta ante la posibilidad latente
de ser desalojadas. Son la piedra en el
zapato para que otro proyecto inmobiliario
haga pie en el barrio.
Según cuentan los inquilinos, ellos
pagaban sus alquileres tal como habían
acordado con la dueña, Estela Pantano
Macello, una de los herederos del dueño
original de la casa, de ahí el
nombre del inmueble. Sin embargo, la dueña,
denuncian, inició la demanda por
la falta de pago de todos sus inquilinos,
quienes abonaban entre 750 y 1800 pesos
las habitaciones, descuidadas, así
como sus pasillos con andamios para evitar
derrumbes, hasta hace cuatro años.
A cambio, sólo les quedaba un ticket
del banco Credicoop, adonde depositaban
la renta.
Peor aún, el pago de la mensualidad
quedó en segundo plano en el último
tiempo al saber que la casa fue vendida
un grupo inmobiliario que pretende hacer
un edificio moderno por dentro, resguardando
la fachada original.
Si bien Casa Pantano es un edificio protegido
por ley, cuenta con protección
de la Legislatura desde el año
2006, hay aval para hacer una “demolición
parcial”. Ya la habíamos
advertido en este medio. Fue en la edición
gráfica de agosto del año
pasado. Hacíamos mención
a la Disposición (N°1173) —aparecida
en el Boletín Oficial del viernes
8 de agosto— que lleva la firma
del Director General de Interpretación
Urbanística (Ministerio de Desarrollo
Urbano) a favor del “Proyecto de
“Ampliación, Puesta en Valor,
Refacción y Demolición Parcial”
de Casa Pantano.
Allí también nombran: “Se
promueve una edificación destinada
a “Vivienda multifamiliar - Local
Comercial y Cocheras“, con dos diferentes
niveles de subsuelos, planta baja y 10
niveles, más sala de máquinas,
respetando el perfil edificable del Distrito
de implantación y en fuerte vínculo
con el entorno de acuerdo a los perfiles
medianeros preexistentes”.
Como alternativa al desalojo del edificio
de Abasto, los vecinos proponen que se
cree un “Museo de la Vivienda Social”
en Casa Pantano.
Sin embargo, el Juzgado Civil 52º
de la Ciudad de Buenos Aires ya tiene
lista la orden de desalojo. Al cierre
de esta edición todavía
no se había hecho pública
una fecha estimativa para el operativo.
Asamblea
abierta del Abasto
“Es angustiante. Cuando volvés
de trabajar no sabés si vas a abrazarte
con tu familia o vas a tener a la policía
en la puerta esperando a sacarte a vos
y tus cosas a la calle”, describió
una de las vecinas ante los cientos de
vecinos y representantes de organizaciones
políticas y sociales que hicieron
un acto de apoyo en forma de asamblea
abierta el último sábado
de marzo. “El gobierno encima espera
a que estemos en la calle para darnos
unos míseros subsidios para que
nos vayamos, en lugar de buscar una solución
antes”, lamentaron.
La jornada cerró con un video documental
con testimonios de vecinos de Casa Pantano
y referentes políticos. Allí
se describió buena parte de la
problemática de vivienda. Un mix
de hoteles donde no reciben hijos chicos,
lo difícil que se hace para muchos
conseguir garantía para alquilar,
(y si consiguen la garantía por
el gobierno de la ciudad, véase
contratapa, no es fácilmente aceptada
por el mercado inmobiliario), la falta
de viviendas y el precio especulativo
vigente, entre tantos otros factores.
Entre los referentes presentes se vio
al bloque del Frente para la Victoria
de la Junta Comunal 3: María Suárez,
Berenice Iañez y Alberto Lacherra.
Junto a ellos brindaron su apoyo y algunas
palabras los legisladores porteños
por Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti y
José Cruz Campagnoli. También
estuvieron los representantes de la Legislatura
María Rachid (FpV) y Alejandro
Bodart (MST).
Estuvieron organizaciones políticas
como Unidos y Organizados, La Cámpora,
La Tendencia, Movimiento Evita, Kolina,
AJUS (Abogados por la Justicia Social),
el Frente de Migrantes, la Coordinadora
de Inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires
(CIBA), Proteger Abasto, el Observatorio
de Patrimonio de la Ciudad, entre otros.
J.M.C.
Inquilinos Agrupados sobre
“Alquilar se puede”
Críticas al plan
“Alquilar se puede”
del gobierno porteño
Desde la organización
Inquilinos Agrupados se refirieron al
nuevo proyecto “Alquilar se puede”,
lanzado por el gobierno porteño
y aseguraron que es “funcional al
mercado inmobiliario ilegal”, mientras
que la Asociación Civil por la
Igualdad y la Justicia denunció
que es “propio de la década
del 90 cuando se subvencionaba la demanda”.
“Alquilar se puede” es un
programa impulsado por el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, que, según
reza el sitio web oficial, busca “ayudar
a aquellas familias jóvenes que
residan o trabajen en la ciudad de Buenos
Aires y a estudiantes del interior, a
acceder a un contrato formal de alquiler”.
Sin embargo, ese plan es “algo selectivo”,
ya que sólo pueden acceder a él
personas menores de 35 años y lo
que ofrece es “un préstamo
personal que es apenas más bajo
que el que ofrece cualquier banco”,
sostuvo Gervasio Muñoz, presidente
de la organización Inquilinos Agrupados.
“Este no es un plan que tenga que
ver con la vivienda, es un préstamo
bancario con un interés anual del
19 por ciento, cuando cualquier préstamo
personal en un banco es del 23. Para ser
un crédito de estas características
es muy alto el interés”,
consideró.
Asimismo, advirtió que el crédito
se destinará “sólo
a 6.000 personas en un universo 1.200.000
inquilinos que hay en la Ciudad”,
y denunció que además “financia
las ilegalidades de las inmobiliarias
que piden hasta dos meses de comisión
cada vez que se firma un contrato, algo
que va en contra de lo que establece la
ley 2.340 de la Ciudad de Buenos Aires”.
En este sentido, Muñoz detalló
que esa ley establece “un tope de
lo que pueden cobrar las inmobiliarias
por comisión y es un 4,15 por ciento
del alquiler, lo que generalmente da menos
de un mes”.
En la misma línea, Joaquín
Benítez, sociólogo de la
ACIJ, coincidió y advirtió
que el programa del gobierno de la Ciudad
“tiene al menos tres problemas”.
Y enumeró: “Primero tenemos
un problema de plazas, ya que según
el mismo gobierno porteño hay 275.000
personas viviendo en villas en la Ciudad
y casi medio millón de personas
con déficit habitacional; segundo,
un problema de valores inmobiliarios,
ya que te dejan alquilar por un monto
de hasta el 30 por ciento de los ingresos
netos del hogar cuando los alquileres
no bajan de 3.500 pesos”.
Y agregó: “Por último,
el programa no regula el mercado de alquileres,
sino que genera precios muy altos y mucha
especulación inmobiliaria, ya que
uno de sus componentes es un préstamo
con un interés altísimo”.
Y concluyó: “Con este tipo
de planes sólo se garantiza que
un inquilino siempre esté en esta
carrera de tener que alquilar cualquier
cosa porque no llega con la plata, o porque
le ponen muchas cláusulas o porque
no consigue garantía de familiar
directo. Hay un sistema bien pensado para
que el inquilino llegue en condiciones
adversas y deba someterse a lo que diga
la inmobiliaria”.
Foto: Los precandidatos de Camino Popular,
Claudio Lozano e Itai Hagman, realizaron
una intervención frente al Instituto
de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires,
denunciando la falsedad del plan “Alquilar
se puede”.
