Agronegocios o salud
Ley de Semillas,
Nueva Ley de Semillas,
Novísima ley de...
Hay una cuestión
en la que el gobierno nacional anterior,
el del período K, y el actual gobierno,
que podríamos calificar como del
período M, tienen mucho más
en común que en oposición;
es la apuesta por la mal llamada agricultura
inteligente basada en ingeniería
genética (que por razones de Public
Relations se denomina biotecnología),
que se caracteriza por una enorme homogeneización
de cultivos y tratamientos, que abarata
los costos empresariales (aunque está
abierta la espinosa cuestión de
los costos sociales, ambientales, sanitarios
y culturales de este tipo de producción
agraria que ha disparado una verdadera
contrarrevolución agraria, eliminando
campesinos y pequeños productores
y concentrando la explotación de
la tierra cada vez en menos manos).
Desde ese punto
de vista no deja de ser altamente significativo
que los gobiernos de Cristina Fernández
y de Mauricio Macri hayan tenido un mismo
ministro de Ciencia y Técnica,
precisamente; Lino Barañao, el
científico que equiparó
glifosato y sal común de mesa.
La Ley de Semillas
(en adelante LdS) es una ya vieja aspiración
de Monsanto, ahora Bayer, y otras empresas
de fabricación de semillas transgénicas
(como Syngenta) para erradicar la modalidad
campesina tradicional de plantar las semillas
que el propio campesino o productor agrario
selecciona en sus propias cosechas.
Esa “costumbre”
estrecha la posibilidad de reposición
de semillas desde los laboratorios y por
lo tanto estrecha sus márgenes
de venta y por consiguientesus beneficios.
El argumento de
los grandes laboratorios “biotecnológicos”
es que se ofrecen para sostener la calidad
de los productos que, patentados, merecen
una protección legal para evitar
la piratería en este caso encarnada
en campesinos “atesoradores”.
Sostienen que sin reconocerles los esfuerzos
de investigación, es la ciencia
o el complejo tecnocientífico el
perjudicado.
Eso es así;
lo que no explican es que esa investigación
se hace para adueñarse de más
y más espacios rurales y que ese
adueñamiento es para beneficio
del mundo empresario y no ciertamente
para otros “actores” del mundo
rural; la biodiversidad seriamente afectada
y contaminada, la afectación de
la salud de los pobladores rurales, la
reducción o extinción de
innumerables especies animales y vegetales
“silvestres”, que hacían
a la vida rural, como, por ejemplo, liebres,
perdices, peces de río, e incluso
la amenaza sobre especies cuidadas por
la humanidad desde tiempo inmemorial,
como animales domésticos, abejas,
etcétera.
Foto:
Pablo E. Piovano
La
jugada de la coexistencia de modelos:
atando dos moscas por el rabo
El gobierno ha tratado de compatibilizar
el interés de las empresas del
gran capital globalizado (laboratorios
en primer lugar) con el de los productores
rurales que han ingresadoal sistema orquestado
por los primeros pero que procuran ensanchar
sus propias ganancias, perjudicando los
suministros tecnocientíficos. En
esa puja, empero, los verdaderamente excluidos
son los “actores” que mencionamos;
el pueblo llano, la fauna y flora silvestre,
las sociedades humanas “tradicionales”,
descalificadas como “no inteligentes”.
Hay quienes intentan
crear un modus vivendi entre la agroindustria
generalmente designada como agribusiness
y la agricultura familiar y/o orgánica.
En rigor, se trata de una medida táctica
o diplomática por parte de la agroindustria
que desconoce así el carácter
invasivo y totalizador de su proyecto.
La vicepresidenta
Gabriela Michetti ha proclamado 'los objetivos
comunes' de “grandes actores”
y “pequeños productores”,
como si no se registrara en la realidad
una continua transferencia de poder (financiero,
tecnológico) hacia los “grandes
actores” y una contaminación
cada vez más generalizada que afecta
particularmente a los “pequeños
productores”. No sabemos si este
tipo de planteos proviene de mera ignorancia
o que, conociendo la realidad, se prefiere
engalanarla con “aires de coexistencia”
difícilmente aplicables puesto
que la contaminación química
que viabiliza la “agricultura inteligente”
no es limitable, al presentarse y desplazarse
en el agua, en el aire. Lo expresó
claramente el GRR (en tiempos del gobierno
populista): “Desde el gobierno nacional
y las corporaciones se ha lanzado la propuesta
de integrar a los agronegocios, la pequeña
agricultura territorializada (campesinos,
indígenas, huerteros, minifundistas
y otros pobladores del campo, sosteniendo
[…] que ambos modelos […]
podrían coexistir o convivir frente
a las reglas del mercado.” Falta
ante esta línea de pretendida coincidencia
o encuentro tener en cuenta que los proyectos
de ley en danza provienen de los emporios
agroindustriales y sus diseñadores,
los laboratorios transnacionales.
Una propuesta en danza
es repartir “el botín”:
que por 3 años el productor se
vea precisado a reconocer los derechos
de cobro de los laboratorios y que a partir
de la cuarta cosecha, quede todo el ingreso
para el productor.
La agricultura
“inteligente” se basa en el
glifosato
Durante muchos años diversos pobladores
y trabajadores del campo denunciaron el
auge de enfermedades producidas por el
sistema hipermoderno de producción
con uso ingente de agrotóxicos.
Remito al lector a mi nota de El Abasto,
no 195, “Ciencia vs. comercio en
la OMS” donde repasamos la demora
de la OMS en establecer la toxicidad del
glifosato y la premura para restablecer
su presunta inocuidad, a través
de una significativa organización,
Reunión Conjunta FAO/OMS sobre
Residuos de Plaguicidas (JMPR, por su
sigla en inglés). Esta última
resolución es de setiembre del
presente año. Y bien: acaba de
presentarse una demanda judicial contra
su presidente y su vicepresidente, Alan
Boobis y Angelo Moretto respectivamente,
por haber recibido –es la acusación-
más de un millón de dólares
de la red empresaria del agribusiness,
concretamente de ILSI, el Instituto Internacional
de Ciencias de la Vida, el escudo institucional
”sin fines de lucro” que ha
empleado Monsanto prácticamente
desde que invadió el mercado con
productos transgénicos en los '90
(con lo cual “cierra” perfectamente
el juicio sobre la JMPR con su peculiar
integración, que denunciáramos
en el artículo precedente).
Foto:
Pablo E. Piovano
Darío Aranda
en su nota “Ciencia adicta: las
operaciones de la Corporación Transgénica”
agrega algo más que muestra la
escasa preocupación por los efectos
tóxicos en juego con el estilo
Monsanto (Syngenta, Bayer, etcétera):
“JMPR solo se refirió al
riesgo del glifosato a través de
la dieta: no evaluó la ingesta
vía respiratoria o contacto en
la piel, en el ambiente, por las fumigaciones.”
Y, por supuesto, para rematar nos recuerda
que JMPR “utilizó expedientes
de las empresas que no están disponibles
para los ciudadanos, organizaciones sociales
ni para científicos” (ibíd.)
Ciencia privada, en suma. Si puede llamarse
ciencia.
A tal punto están
en discusión las voceadas bondades
de las semillas transgénicas que
el año pasado “más
de 300 científicos de todo el mundo
firmaron una publicación en la
que precisan que no hay consenso científico
sobre la inocuidad de los transgénicos.”
Otra vez. Porque no es la primera vez.
La Red de Médicos de Pueblos Fumigados
(¡ver!) lo viene advirtiendo desde
hace por lo menos seis años.
¿Es
que hay dos ciencias?
Hoy se enfrenta una ciencia dirigida desde
los consorcios de alta tecnología
y una ciencia que procura rastrear la
realidad y las consecuencias de los diversos
actos de “avanzada tecnológica”
que aparecen cada vez más divorciados
de la salud planetaria. La LdS enfrenta
esas dos visiones del mundo rural: la
“inteligente” o de alta tecnología
parece indiferente al daño ambiental
que produce, e igualmente al daño
social que resulta de la contrarrevolución
agraria que hemos señalado; la
otra, la del campesinado tradicional,
tampoco ha sido particularmente atenta
a la problemática ambiental, pero
el castigo sobre sus producciones ha sido
tan considerable que, convertidos en el
polo débil de la confrontación,
se van dando cuenta de la importancia
de la calidad en los cultivos, en los
alimentos, en el ambiente. La calidad
no resulta aquí un avance o un
desarrollo de la cantidad sino su opuesto.
Una LdS proclive
a la agroindustria traerá consigo
el desarrollo del gran capital financiero
mundializado que invierte cada vez más
en “la nueva frontera agrícola”,
considerada “más segura”
para los capitales especulativos.
Las resistencias
de los despojados y desplazados en países
como Argentina o Uruguay en que son minoritarios,
resultan igualmente cada vez más
significativos. En otros países
y latitudes, como en los países
sur- y centroamericanos; México,
Paraguay, Colombia, o en India, BanglaDesh,
Irak, diezmados por la invasión
de las transnacionales agroindustriales,
la resistencia tiene un peso aun mayor.
Y de poco sirve que
las empresas contaminantes luzcan páginas
en internet o en los medios de incomunicación
de masas muy, pero muy “verdes”.
Luis E. Sabini
Fernández
[email protected]
Murieron 120 novillos
por agua contaminada con herbicida
Ciento veinte vacunos murieron
el 14 de noviembre en un campo de Ingeniero
Luiggi luego de tomar agua contaminada con
herbicida, según Diario Textual de
La Pampa.
Ocurrió cuando
una fumigadora terrestre cargó agua
del tanque que abastece los bebederos de
los animales y allí dejó una
parte de las sustancias para fumigar, lo
que provocó la intoxicación
del ganado.
Este es un claro hecho
de contaminación aguda. Menos perceptible
son las intoxicaciones crónicas,
mucho más difíciles de detectar
(y más fáciles de disimular)
que van matando lo que sea con cánceres,
otras enfermedades y malformaciones de manera
artera y desconocida.
