Ley 341, una alternativa
hecha añicos
Una arista que pareciera
dar una salida, dentro de esta compleja
situación por la que atraviesan los
habitantes de la ciudad, es la posibilidad
de acceder a la construcción de conjuntos
habitacionales colectivos. Esto es a través
de la Ley 341, la que ofrece a organizaciones
sociales abordar emprendimientos en forma
autogestiva.
La sanción
de dicha ley fue en el año 2000 por
la Legislatura porteña. Luego, fue
modificada en el año 2001 por la
ley 964. Ésta, establece la instrumentación
de “políticas de acceso a vivienda
para uso exclusivo y permanente de hogares
de escasos recursos en situación
crítica habitacional… a través
de cooperativas, mutuales o asociaciones
civiles sin fines de lucro, mediante subsidios
o créditos con garantía hipotecaria”
Para cumplir
con la normativa, la Comisión Municipal
de la Vivienda (actual Instituto de Vivienda
de la Ciudad, IVC), procedió a la
creación del Programa de Autogestión
para la Vivienda (PAV), cuyo objetivo central
fue el de coordinar la operatorias previas
y específicas de la ley 341/964.
A pesar de
esto, Jaime Sorín, director del programa
de Investigación sobre Emergencia
Habitacional, afirma que el IVC “está
desfinanciado”. Esto corrobora información
del diario Página/12 (El Abasto,
nº 109, salpicado), donde se aclara
que la partida del corriente año
es casi cuatro veces menos que a la de 2008,
es decir, pasó de 500 millones a
120, donde casi 100 están destinados
a pagar sueldos y al mantenimiento del instituto.
Desde la revista buscamos hacer una nota
con algún encargado del IVC pero,
a pesar de haber enviado previamente un
cuestionario por correo electrónico
y pese a haber tocado los contactos que
creíamos necesarios para el acercamiento
el encuentro no se logró. ¿Tal
vez eso sea otro indicio de que realmente
el IVC está desmantelado?
Revista El Abasto, n°
110, junio, 2009.
