El viernes pasado, el Ejecutivo porteño abrió el sobre con los licitantes y la adjudicación del Sistema de Transporte Público de Bicicletas, algo que era posible gracias a la existencia del artículo 27 de la Ley 2586, sancionada en 2007 y que establecía que el poder Ejecutivo “preferentemente prestará el servicio mediante la concesión del mismo”, en tanto que entre sus objetivos no hacía referencia a la gratuidad sino a “promover el uso de la bicicleta como transporte saludable y respetuoso con el medio ambiente” y para “reducir los niveles de congestión de tránsito”.

El ganador de la Licitación Pública Nacional e Internacional número 2937/12, recibirá, según Infobae, 135 millones de pesos del gobierno porteño y ostentará el servicio por un tiempo menor al requerido por la propia ley, "lo que evita su discusión parlamentaria", remarcó el legislador Alejandro Bodart, del MST-Proyecto Sur.

Rafael Gentilli, legislador por Proyecto Sur, también se mostró en contra de la privatización: “Esto indica una estrategia privatista en la que el Estado paga para que un privado con mínima inversión se haga cargo de lo que podría brindarse estatalmente con eficiencia: un negocio sin plata”.

Por su parte, voceros de la Subsecretaría de Transporte porteña sostuvieron que no se trata de una concesión, sino de una licitación.

Como fuere, se trata de un negocio armado desde el estado para que lo explote algún privado, encima con riesgo a que se cobre lo que venía siendo gratuito a los usuarios.

U.K.