Hay tareas exentas de ingresos brutos. Una de ellas es la de editor que permite presentar diferentes tipos de materiales, en distintos soportes, incluyendo avisos, sin aportar con este impuesto -que habitualmente toma un porcentaje de la facturación en bruto- al gobierno porteño. Según parece, un editor no debería registrase en el AGIP (antes Rentas) porque su tarea es exenta.

Sin embargo, somos muchos los editores de medios barriales que nos inscribimos cuando comenzamos con nuestros respectivos medios porque pensamos que la exención no implica no haberse registrado sino que uno no paga. Aparte, desde las imprentas solicitan el número de ingresos brutos para imprimir las facturas. Desde el gobierno siempre han mantenido un muy bajo perfil en el tema aceptando nuestras inscripciones pese a saber de nuestra tarea, que en el caso puntual de la revista El Abasto comenzó en 1999.

En nuestro caso, con el tiempo y ya al tanto del beneficio que pretende estimular ciertos rubros, volvimos a Rentas donde nos dijeron que simplemente pongamos que somos exentos en las facturas. Solicitamos algún tipo de comprobante que nunca nos dieron, pese a sucesivos reclamos. En nuestro caso puntual, por tanta insistencia a principio de la década pasada nos dieron un documento de exención ¡con fecha de caducación de pocos años! Luego nos volvieron a decir –y las palabras de muchos parece que se las lleva el viento- que no nos preocupemos más, que estamos exentos de hecho, por la actividad.

Y realmente funcionó así hasta que esta gestión, muy dedicada a recaudar, comenzó a descontarnos ingresos brutos de nuestra cuenta. Insisto, no solamente a nosotros sino que a gran parte de los editores que integramos el Registro de Medios Vecinales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando volvimos al ahora AGIP nos informaron que el descuento es porque ¡nunca nos dieron la baja! Es un sinsentido, dado que en el sitio oficial del Rentas dice: “Tenga en cuenta que el empadronamiento como exento en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, exige contar previamente con la inscripción como contribuyente en el citado impuesto”. Presentamos los materiales, las revistas, las facturas, los documentos, etcétera y resulta que no es tarea fácil “darse de baja”. ¡De hecho la política es no darle la baja a nadie! ¡Y mientras seguir tanto descontando! El robo en sí es hasta benévolo –el porcentaje es bajo- si uno piensa que el día de mañana podrían incluso llegar a exigir dinero por los años que no pagamos este impuesto del que estamos exentos por la actividad.

Porque eso es lo que está sucediendo en otros casos, y a tal magnitud que luego de sucesivas denuncias en la Defensoría del Pueblo su defensora, Alicia Pierini, instó (según Infociudad) al titular de la AGIP, Carlos Walter, que “se reorganice el sistema y se mejoren los circuitos de información y control de las deudas tributarias que son transferidas a juicio, con el propósito de evitar el dispendio jurisdiccional y administrativo que ocasionan las ejecuciones fiscales improcedentes”.

Para Pierini, la cantidad de reclamos “pone en evidencia la existencia de un sistema que carece de un adecuado control y de una mínima coordinación entre los organismos públicos encargados de administrar y fiscalizar la correcta percepción de la renta pública”. Y agrega que: “Tal situación no hace más que deteriorar innecesariamente la compleja relación fisco-contribuyente”.

También señala que “de este modo, se genera un dispendio jurisdiccional y administrativo que perjudica no sólo a los contribuyentes, que en la mayoría de los casos se ven obligados a recurrir a los servicios de un abogado particular, sino que también se perjudica al erario público que tendrá que cargar finalmente con los gastos de un juicio mal habido.”

Estaría bueno vivir en una ciudad seria, donde se respeten los derechos y donde la burocracia no sea kafkeana sino ágil y honesta.

R.S.