Andrés Toledo, presidente de la cooperativa que nuclea a 40 trabajadores, explicó que "la orden de desalojo es la misma que está firme desde hace más de un año, lo que nos preocupa es que pasó a manos de la Policía Metropolitana". En ese sentido, agregó: "No queremos llegar a una instancia en que la Metropolitana entre violentamente porque queremos dialogar".

Los trabajadores proponen llegar a un acuerdo con los dueños del inmueble para lograr un contrato de alquiler por "un tiempo razonable" que les permita reunir el dinero para buscar un nuevo inmueble donde instalar el restaurante recuperado.

"Pudimos mantener nuestros puestos laborales y sacar la empresa adelante. Mientras que en enero venían entre 3.800 y 4.000 personas por mes, ahora vienen entre 8.500 y 9.000, es decir, sostenemos los ingresos de 40 familias con el trabajo cooperativo", sostuvo Toledo, quien estuvo acompañado por representantes de Don Battaglia y Mangiata, dos restaurantes también organizados en cooperativas, que sufrieron el vaciamiento del mismo grupo empresario.

Un importante arco político abrazó el reclamo de los trabajadores. Participaron de la conferencia de prensa el diputado nacional por el Frente Nuevo Encuentro, Juan Carlos Junio, y los legisladores porteños Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo (Frente Progresista y Popular); y los legisladores electos José Cruz Campagnoli (FNE) y Pablo Ferreyra (Alternativa Popular). También se hicieron presentes los comuneros Camila Rodríguez y Luis Cuneo. 

Silvia Díaz, secretaria de FACTA, expresó que los trabajadores de Alé Alé cuentan con todo el apoyo del cooperativismo organizado: la Confederación Nacional de Cooperativismo de Trabajo (CNCT) la confederación de Cooperativas de la República Argentina (Cooperar) y de la Federación de Cooperativas de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

El diputado nacional Juan Carlos Junio exhortó a la Justicia a "darle un enfoque social" al tratamiento del pedido de desalojo del restaurante para "no generar una acción que dañe a los trabajadores". "Vamos a acompañar esta lucha porque consideramos que es justa y convocamos a toda la sociedad a respaldar a los trabajadores en la búsqueda de una salida razonable", subrayó.

Por su parte, la legisladora María Elena Naddeo aseguró que "nos ha sorprendido esta orden judicial" y consideró que la cooperativa Alé Alé "es un ejemplo de lucha, de organización social, de salir adelante en medio de la adversidad". "Pensamos que la Justicia había interpretado que esta es una cooperativa de trabajadores que está sosteniendo una actividad productiva, una fuente de trabajo de una empresa que quebró de manera fraudulenta, hecho que está presentado en una denuncia penal, por lo que la Justicia por lo menos debería esperar a que concluya esta investigación", agregó. "La Justicia piensa que la Policía Metropolitana, que está formada por (el jefe de gobierno porteño Mauricio) Macri con otro criterio represivo, va a ser más funcional a los intereses del desalojo, esta acción del juez nos alarma e indigna profundamente", manifestó Naddeo.

Por su parte, Aníbal Ibarra aseguró que en la Legislatura porteña "hay un proyecto desde los distintos bloques de la oposición para lograr una ley que garantice la ocupación temporaria y permita una salida a este conflicto". "Lo que sucede es que el PRO está en contra de ese proyecto y de todos los proyectos que tienen que ver con la expropiación de fábricas recuperadas", precisó.

"Pedimos que la Justicia contribuya a darle una salida a esto, que no sea un desalojo violento abortando una experiencia que debe defenderse y promoverse, como es el rescate de las fuentes laborales a partir del compromiso de trabajadores y trabajadoras", consideró Ibarra.

Los trabajadores de Alé-Alé conformaron esta empresa social luego de que el grupo OJA, dueño de una cadena conformada por Los Chanchitos, Mangiata, Don Battaglia y La Soleada, intentaran a fines del año pasado cerrar los restaurantes por presentar quiebra.

Prensa FACTA