Nos llegó un comunicado esta mañana informando que “los presidentes de doce Juntas Comunales de la ciudad de Buenos Aires fueron denunciados penalmente por el grave delito de aprobar la intervención de las Comunas a través del  nombramiento de gerentes designados por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, mediante el Decreto 251/14, que anula el proceso de descentralización y deja sin efecto la voluntad de los vecinos en el ámbito comunal”.

La denuncia fue realizada por Sergio Oscar Valenzuela, miembro del Consejo Consultivo de la Comuna 1, quien consideró que “este accionar se convierte en un hecho ilícito y un delito grave por parte de los jefes comunales, ya que no pueden tomar ese tipo de decisiones porque es violatoria de la Constitución y, peor aún, carece del mandato expreso del resto de los comuneros que conforman cada Junta”.

La acusación por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” contra los presidentes de las Comunas que estuvieron presente en la reunión en cuestión según nos aclaró telefónicamente la agente de prensa Lucía Chiaro. La denuncia va en contra de: María Cristina Brunet (Comuna 1); Facundo Carillo (Comuna 2); Christian Rubén Etchezuri (Comuna 3); Héctor Jorge Apreda (Comuna 4); Marcelo Claudio Bouza (Comuna 5); Marcelo Alejandro Iambrich (Comuna 6); Guillermo Martín Peña (Comuna 7); Agustín Marcos Ferrari (Comuna 10); Carlos Alberto Guzzini (Comuna 11); Gustavo Javier Acevedo (Comuna 13); Maximiliano Corach (Comuna 14) e Ignacio Carlos Crevena (Comuna 15) y “se encuentra radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Correccional Nº 7, a cargo del  Dr. Raúl Juan Emilio García”.

Cabe destacar, que el Decreto 251, publicado el 25 de junio de este año en el Boletín Oficial, permitía a funcionarios designados por el jefe de Gobierno, realizar las funciones que la Constitución de la Ciudad otorga a los juntistas elegidos por los vecinos, como control presupuestario, designación de personal y contratación directa, entre otros.

Por tal motivo, más de treinta comuneros presentaron en julio una acción de amparo, por considerar esto un “golpe institucional del Poder Ejecutivo contra las Comunas contradice la Constitución”.

En el mismo sentido, la legisladora porteña y presidenta de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad, María Rosa Muiños, afirmó que “el modo de accionar con respecto a la sanción del Decreto 251 es de una gravedad institucional enorme”.

Por último, Muiños pidió informes a los presidentes de las juntas comunales y a todos los comuneros, ya que “al día de la fecha no hay ninguna constancia de que los presidentes de las Comunas hayan tomado esta decisión con el aval de todos los miembros de la Junta”.

U.K.