La Justicia Penal Ordinaria y la Justicia Nacional en las Relaciones del Consumo serán transferidas en forma gradual a la Ciudad de Buenos Aires, en las funciones que no sean de materia federal, al igual que la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Registro de la Propiedad Inmueble según dispuso la Legislatura porteña.  Está pendiente la ratificación del Congreso Nacional. 

El oficialismo adelantó su compromiso para crear una comisión especial conformada por distintos bloques que atienda la situación de los trabajadores judiciales.

La Legislatura local aprobó este miércoles en sesión especial cuatro leyes que legitiman este proceso de transferencia basado en lo que establecen las constituciones Nacional y de la Ciudad y cuatro recientes convenios suscriptos en el máximo nivel ejecutivo por las autoridades respectivas.

Los convenios aprobados y convertidos en ley fueron tratados en base a despachos elevados al pleno por la comisión legislativa de Relaciones Interjurisdiccionales que preside el diputado Juan Francisco Nosiglia (SUMA+) en presencia de una representación de trabajadores que ocupó los palcos y en distintos momentos entonó consignas en defensa de sus fuentes laborales.  

El artículo 129 de la Constitución Nacional, la ley nacional  24.588, la Constitución de la Ciudad y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad establecen que los Estados nacional y porteño están facultados para suscribir los convenios que conduzcan a una ordenada transferencia a la CABA de la Justicia Nacional Ordinaria con asiento y organismos administrativos de la Administración Pública Nacional.

Durante el debate de más de dos horas expusieron también Laura Marrone, Marcelo Ramal (FIT), Adrián Camps (PSA), Roy Cortina (PS), Paula Oliveto Lago (CC), Marcelo Depierro (CP), Carlos Tomada (FpV) y Nosiglia (SUMA+). Al momento de la votación en general acompañaron al PRO el Bloque Peronista, SUMA+, CC, PS, PSA y CP excepto en el convenio de la justicia penal donde se abstuvo. 

J.C.