Este jueves se presentó en público el Observatorio Contra el Acoso (OCA) en el bar Las Lunares (Humahuaca 4027) de Almagro. Hablaron la secretaria del interior de la Asociación del Personal Legislativo (APL) y referente del Radicalismo Popular, Carmela Moreau, acompaña al legislador Pablo Ferreyra (FPV), autor de la ley porteña que pena conductas de violencia verbal contra mujeres y presidente de esta flamante entidad.

“Es una herramienta más hacia un cambio cultural para ponerle fin a la violencia contra las mujeres, que debe ser el compromiso de todas y todos los que militamos por un mundo más justo e igualitario”, dijo Ferreyra.

“Hay que desnaturalizar el acoso callejero, tenemos que entender como sociedad que es una forma de violencia hacia las mujeres. Celebramos esta iniciativa que tiene como eje hacer un cambio cultural y registrar los casos con datos concretos”, sostuvo Moreau.

Este lunes, por implementación de la ley contra el acoso, se hizo la primera mediación entre una mujer que fue agredida verbalmente y el taxista que la persiguió durante dos cuadras en el barrio porteño de Chacarita en marzo de este año.

Esta audiencia está comprendida en una ley porteña sancionada en diciembre pasado por la Legislatura. Fue por Ferreyra, en compañía de María Rachid y Gabriel Fuks, y busca “prevenir y sancionar el acoso sexual, producido en espacios públicos o de acceso público, en los que se hostigue, maltrate o intimide y que afecten en general la dignidad, la libertad, el libre tránsito y el derecho a la integridad física o moral de personas basados en su condición de género, identidad y orientación sexual”.

Según la ley “toda conducta unidireccional, física o verbal, producida por una o más personas en contra de personas, basado en su condición de género, identidad y orientación sexual que no desean o rechazan estas conductas por considerar que afecta sus derechos a la dignidad y a la integridad” será considerada como acoso sexual.

En relación a las sanciones, “quien acosare sexualmente a otro, en lugares públicos o privados de acceso público, siempre que el hecho no constituya delito, es sancionado con dos a diez días de trabajo de utilidad pública y multa de 200 a 1000 pesos”.

Además la ley establece la necesidad de que las autoridades lleven adelante diferentes campañas de concientización sobre el tema en el territorio porteño.

J.C.