La fiscal general en lo Comercial Gabriela Boquín pidió a la Cámara que haga lugar al pedido de los trabajadores de no innovar, lo que implica dejar sin efecto en forma definitiva el pedido de desalojo del hotel recuperado Bauen (Callao 360) impulsado en diciembre por la jueza Paula María Hualde.

Boquín destacó que el amparo pedido por los trabajadores es 'una acción directa, expedita y operativa de jerarquía constitucional'. Sin embargo, desde su presentación hace siete meses 'no sólo no se ha dirimido quién es el juez que resolverá el tema sino que tampoco ha sido tratada la medida cautelar solicitada', indicó. Por ello, pidió que se haga lugar a la medida 'atendiendo a la proximidad de la fecha fijada para el desalojo y sin perjuicio de lo que en definitiva sobre el fondo del asunto, se dictamine o se resuelva, a fin de evitar que la cuestión a decidir en autos se torne abstracta y teniendo en cuenta la entidad de los derechos sociales en juego', reprodujo Tiempo Argentino.

'Los derechos constitucionales comprometidos en este conflicto no pueden admitir demora. La Justicia debe poner un límite y ejercer un control sobre el uso arbitrario que se le dio al veto', explicó Arenaza, abogado de los trabajadores del Bauen.

La resolución de la jueza ordena devolver las instalaciones del inmueble ubicado en Callao 360 a su antigua propietaria, la empresa Mercoteles, que lo había cerrado en diciembre de 2001, hasta que en marzo de 2003 los trabajadores comenzaron a gestionarlo. En la actualidad, la cooperativa da trabajo a 150 familias. 

 J.C.