La Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires informó que el martes pasado clausuró el lavadero ubicado en México al 3000, al sur de Balvanera. La investigación inició por una denuncia de vecinos. Luego se confirmó que en el lugar volcaban sustancias en forma directa al conducto cloacal sin contar con la debida autorización.

La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del fiscal Blas Matías Michienzi, comprobó “que el lavadero funcionaba pese a tener clausuras administrativas y judiciales previas'. El lavadero no cumplió con los artículos 54 y 74 del Código Contravencional al volcar sustancias sin permiso.

Vecinos de la cuadra hicieron una denuncia ante la Asesoría en Materia Ambiental de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Luego tomó el caso el fiscal Michienzi, quien convocó a la División Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, quienes prestaron colaboración técnica al personal de la División Exposiciones de la Policía de la Ciudad.

Comprobaron que el lavadero continuaba funcionando a pesar de las clausuras. “Inmediatamente, el fiscal Michienzi ordenó la clausura judicial del lavadero y el secuestro inmediato de toda la maquinaria y documentación relevante para la investigación”, expuso el Ministerio Público Fiscal porteño.

“Frente a las flagrantes contravenciones realizadas por el establecimiento, que volcaba sustancias en forma directa al conducto cloacal sin contar con la debida autorización, el fiscal Michienzi imputó a la empresa responsable a través del socio gerente que se encontraba en el lugar. Asimismo, se dispuso el secuestro efectivo de las maquinas utilizadas conjuntamente con lo recaudado en forma ilegal y los tickets de servicios realizados mientras se violaban las clausuras”, explicaron fuentes oficiales.

“Los elementos incautados fueron trasladados a un depósito del GCBA por personal de la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público, mientras que las soldaduras de los accesos quedaron en poder de la Dirección General de Emergencias y Guardia de Auxilio de la Ciudad, que también participó del procedimiento”, añadieron.

El fiscal Michienzi dijo sobre el caso: “A primera hora se comunicaron desde la Defensoría del Pueblo poniendo en conocimiento de la situación irregular del establecimiento, como así también de la afectación directa a los vecinos, habiéndose comprobado fehacientemente las irregularidades gracias a la labor mancomunada de ambas policías y las áreas gubernamentales”.

J.C.