En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la bancada Unidad Ciudadana presentó un proyecto de declaración para repudiar “enérgicamente el desalojo irregular de inmigrantes senegaleses, nigerianos, haitianos y peruanos del edificio ubicado en la calle Sarmiento 3120 del barrio de Balvanera el día 14 de mayo en horas de la mañana”.

En aquella jornada se expulsó a 65 personas, según fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. Intervinieron cuatro brigadas de la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencia, Dirección General de Asistencia inmediata Programa Buenos Aires Presente, Dirección General de Fiscalización del Espacio Público, Dirección General de Defensa Civil y Consejo de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, CIJ (Cuerpo De Investigaciones Judiciales), el Juzgado Penal Contravencional Nro. 7 a cargo del Dr. Javier Buján y la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Nro. 20 a cargo del Dr. Juan Rosas.

A la hora de fundamentar, las legisladoras Andrea Conde y Victoria Montenegro afirman: “El lunes 14 de mayo del año en curso, en horas de la mañana, en el edificio ubicado en la calle Sarmiento 3120 del barrio del Balvanera de nuestra Ciudad, aproximadamente 37 familias, integradas por mujeres, niños/as y adultos mayores fueron desalojadas en medio de un desmesurado operativo policial. La mayoría de las personas desalojadas son de origen senegalés, nigeriano, haitiano, dominicano y peruano, algunos de los/as cuales vivían en el inmueble, desde hace más de 10 años”.

“En el desalojo, que tuvo varias irregularidades, había varios niños y niñas y no se dio intervención a la asesoría tutelar, tal como indica la normativa aplicable. Sumado a ello, una de las abogadas informó en los medios de comunicación que la orden de allanamiento, desalojo y reubicación fue dictada por el Juzgado Penal Contravencional N° 7. Sin embargo, nunca hubo preaviso de la medida, la caratula no está completa y a las personas desalojadas no fueron reubicadas, sino que fueron expulsadas a la calle con todas sus pertenencias. En muchos de estos casos se trata de familias integradas por menores de edad, viviendo en condiciones de absoluta precariedad. Los/as inmigrantes vienen a nuestro País en busca de la misma oportunidad que procuraron nuestros/as abuelos/as, y casi siempre escapando del hambre y la miseria”, sumaron.

“Eventos como este configuran un eslabón más en la cadena de represión y persecución que viene desarrollando el Gobierno de la Ciudad contra la comunidad migrante en general y particularmente contra la comunidad de senegaleses/as y nigerianos/as. Situación que, además de preocupante, está transformándose en sistemática, ya que alcanza los ámbitos de trabajo, circulación y vivienda de estos colectivos. Ante esta circunstancia, el Estado debe dar respuesta procurando reducir al máximo cada una de las condiciones de vulnerabilidad, cumpliendo así con la normativa contenida en  nuestra Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la Leyes Migratorias y  en las políticas humanitarias”, contextualizaron.

“En este sentido, por cada uno de los motivos expuestos y a fin de cumplir con la voluntad fundante de nuestra Patria y dar cumplimiento efectivo a nuestro Preámbulo Constitucional de: 'constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino…', solicito a nuestros pares que me acompañen en el presente proyecto”, concluye la defensa.

J.C.

Foto: Martín Suárez