Comentan que –“en una escalada represiva que no tiene precedentes”- el Ejecutivo porteño ha iniciado una “demanda contra los trabajadores y delegados de la Junta Interna de ATE- Colón, por la suma de 55 millones de pesos, en represalia por acciones gremiales que la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales garantizan como derechos inalienables de los trabajadores”. En virtud de esos tratados internacionales es que consideran, sostienen en el comunicado, que “el gobierno nacional tiene la obligación de intervenir a través del Ministerio de Trabajo”. 

Denuncian que el gobierno de Macri comenzó levantando “múltiples sumarios” y “25 suspensiones a trabajadores, llegando, incluso, al límite de inhibir del cobro de sus sueldos a una parte del personal de los cuerpos estables”. Ese accionar habría sido “llevado adelante por el director del Ente Autárquico, Pedro Pablo García Caffi, y fue refrendado por el propio Jefe de Gobierno, aún luego de que la Justicia se expidiera a favor de los recursos de amparo” presentados por los trabajadores.

Por último, informan que el reclamo de recomposición salarial y de las condiciones de trabajo iniciado hace más de cinco meses en una mesa de diálogo con la autoridad representante del Poder Ejecutivo de la Ciudad fue abandonado por este sin propuestas de fondo.

U.K.