El 29 de febrero de 2012, con la firma del director general de Educación de Gestión Estatal, Maximiliano Gullmanelli, se publicó en el boletín Oficial la Disposición N° 15 DGEGE del Ministerio de Educación GCBA que indica el cierre 143 grados de nivel primario, 53 cursos de nivel medio y 25 cursos de escuelas técnicas. Esta medida pone en funcionamiento el Decreto 1990/97, firmado por el entonces Jefe de gobierno Fernando de la Rúa, nunca aplicado hasta ahora, que indica que se pueden fusionar aquellos cursos con menos de 20 alumnos.

El Gobierno de la Ciudad acciona, una vez más, estableciendo recortes a la educación pública. Los argumentos planteados desde el Ministerio de Educación apuntan a “mejorar la calidad educativa y redistribuir el espacio existente para abrir salas de nivel inicial”. Esto es totalmente falso, ya que los cierres son en su mayoría en Zona Norte y la mayor demanda de salas de nivel inicial es en la Zona Sur. Además el espacio necesario para las salas de iniciales totalmente distinto a las aulas de primaria, que por cierto ya cuentan con espacios reducidos de 6x6m, lo que hecha por la borda lasupuesta intención de trasladar personal de la Zona Norte al Sur cuando el sistema carece de infraestructura necesaria. Es posible trasladar un docente de una zona a otra, pero resulta insostenible que un docente de escuela media o técnica sea afectado al nivel inicial.

La medida deja nuevamente en evidencia la política de vaciamiento y el atropello a la escuela pública, situación que genera un total avasallamiento a los derechos básicos tanto de los alumnos, de los docentes y los padres resultando imposible enmarcar la medida en ninguna consideración pedagógica ni social, sólo cuestiones presupuestarias justificarían tal medida.

Las consecuencias más graves e inmediatas de esta resolución del gobierno porteño están dirigidas a los docentes que pierden su fuente de trabajo, en especial aquellos que su situación no les ofrece la estabilidad laboral que debiera – suplentes, interinos, contratados y los extracurriculares -y a los alumnos que, en muchos casos se verán hacinados en espacios no aptos.

Frente al cierre de los grados el estado no está garantizando una educación personalizada, sitúa a los estudiantes enlugar de “objetos” cuando son en realidad, “sujetos de derechos”.

Si se contextualiza la medida junto al incremento de subsidios a la educación privada, en especial instituciones religiosas, claramente se evidencia el incumplimiento de deberes asumidos años atrás, situación similar al incumplimiento de los micros para trasladar a los niños de la villa 31 a las escuelas.

El cierre de 221 cursos es el equivalente a cerrar 10 escuelas públicas en la ciudad, con lo cual se ejerce presión sobre muchos sectores medios para que acudan a las escuelas privadas.

Es deber del Poder Ejecutivo,en consonancia con los arts. 23 a 25 de la Constitución de la Ciudad,garantizar el derecho a la educación pública y gratuita. Sin embargo, las políticas educativas dejan al sistema muy alejado en la posibilidad de generar una escuela pública inclusiva, de calidad, para todos y todas.

La única forma de fortalecer nuestra democracia es respetando los derechos de todos y todas, acordados y establecidos en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires