La alegría de las 60 familias en Gascón 123 era enorme. A fines del año pasado lograron que la Legislatura aprobara -con buena cantidad de votos- ley 4123, impulsada por la diputada María Elena Naddeo (FPP) para la construcción de viviendas sociales, dejando atrás el fantasma del desalojo, que asoló en los últimos años en varias oportunidades.

Sin embargo, en 2012 su movilización se vio empañada por el veto aplicado por el Ejecutivo de la Ciudad, encabezado por Mauricio Macri. Ahora la historia se revierte y da un nuevo panorama jurídico: la justicia porteña anuló por primera vez un veto PRO.

La jueza Alejandra Petrella hizo lugar a la presentación de la asociación civil que representa a los vecinos, quienes habitan hace treinta años el inmueble. Sostuvieron que el decreto de veto fue dictado un día después del plazo fijado por la Constitución porteña. Al igual que la fiscal Mariana Pucciarello y la asesora titular Mabel López Oliva, la jueza consideró que el veto es “extemporáneo” y en consecuencia “inexistente”, publicó Página/12.

“La Justicia anuló el veto de Macri sobre la Ley aprobada para declarar como vivienda social al edifico de Gascón 123, felicitaciones a las familias que lograron ganar una parte importante de la disputa, ahora a exigirle a Macri que se construyan las viviendas (cuando Macri vuelva a Buenos Aires)”, manifestó el comunero por el FpV en la Comuna 5, Raúl Sánchez ante la noticia.

Las familias de Gascón, que organizan el merendero Casita de Belén y la cooperativa Nuevo Horiznonte (esta última integrante del Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 5), con el respaldo de ocho legisladores porteños, pidieron el 12 de marzo al Tribunal Superior de Justicia declarar la inconstitucionalidad del veto. Hubo otra presentación junto a la asociación civil Idéntica Dignidad.

Producto de ambas manifestaciones, los vecinos llevaron pruebas certificadas por escribano público. El texto de la ley, aprobado el 7 de diciembre, ingresó a Mesa de Entradas del Ejecutivo el 2 de enero. Es a partir de esa fecha cuando comienzan a contarse los diez días hábiles que establece la Constitución local. Ese plazo vencía el 16 de enero y el decreto fue firmado el 17, según el diario citado. Para la Justicia porteña es “extemporáneo”. 

De este modo, en la Comuna de Almagro y Boedo la alegría es inmensa ya que la justicia falló a favor de los vecinos, quienes ahora no tendrán que vivir con el fantasma del desalojo. Asimismo, las organizaciones barriales pueden tomar este fallo como un precedente ante la gran cantidad de vetos aplicados a leyes sociales en los últimos meses.

T.L.