“Dar seguridad no
es despejar de pobres al espacio público”
El Organismo de Derechos Humanos de la ciudad
(ODH) declara que la reforma del Código
Contravencional, impulsada por el Ejecutivo
porteño, es “inconstitucional
y violatoria de los derechos a la igualdad”.
Solicita a legisladores que se pronuncien
en contra de este proyecto por “desviar
la atención sobre la seguridad”
en Buenos Aires.
“El proyecto no
apunta a proteger los bienes ni la vida
de los porteños sino que se ocupa
de algunas “molestias” que los
vecinos pueden sufrir”, sentencia
el comunicado el organismo. “El proyecto
no se ocupa de establecer medidas preventivas
para delitos que los porteños sufren…
Darles seguridad no es despejar de pobres
al espacio público… Es inseguridad
(al igual que los robos) también
la falta de vivienda, educación,
salud y alimentación”, reflexiona.
En cuanto a los argumentos
esgrimidos por el jefe comunal en la conferencia
de prensa donde dio a conocer la iniciativa,
el ODH afirma: “La existencia de las
mafias es producto de la negligencia del
Estado y de la complicidad de la Policía
Federal.”. Otro punto es la violación
de la Constitución de la ciudad,
donde se expone que “se erradica de
la legislación de la ciudad y no
puede establecerse en el futuro ninguna
norma que implique, expresa o tácitamente,
peligrosidad sin delito, cualquier manifestación
de derecho penal de autor o sanción
de acciones que no afecten derechos individuales
ni colectivos”. Aparte, en el artículo
11, se prohíben “discriminaciones
que tiendan a la segregación por…
condición social, económica
o cualquier circunstancia que implique distinción,
exclusión, restricción o menoscabo".
A través de varios puntos
expuestos en el texto elaborado por los
integrantes del organismo, se postula que
“el gobierno de la ciudad está
fabricando un arma de doble filo”.
Por un lado, las políticas de seguridad
se basan en “castigar acciones que
no generan inseguridad y cuyos perseguidos
son integrantes del sector más vulnerable
de la sociedad”. Por el otro, quienes
se encargan del control son los integrantes
de la Policía Metropolitana, “delincuentes,
con procesamientos penales dictados por
la Justicia por la comisión de delitos
de gravedad cierta”.
J.M.C.
Buenos Aires, 7 de abril
de 2010
