Abuelas de Plaza de Mayo
contra el veto de Macri
El viernes
pasado el ejecutivo porteño vetó
un proyecto de ley que establecía
la creación de un fondo para la localización
y restitución de niños secuestrados
y nacidos en cautiverio durante la última
dictadura. En un comunicado de prensa las
Abuelas de Plaza de Mayo afirman que la
asignación es “una forma de
cumplir con la Constitución de la
Ciudad”.
A través de la
Ley 3329 la Legislatura porteña disponía
la creación del fondo para la localización
y restitución de niños secuestrados
y nacidos en cautiverio durante el último
proceso militar. En otras palabras, se hablaba
de una asignación de 240 mil pesos
anuales, durante cinco años, renovables
por cinco más.
En su artículo
segundo se establecía que la asignación
estaba destinada a “solventar los
gastos que demande la localización
y restitución, como así también
las actividades que se efectúen en
defensa del derecho a la identidad y de
los derechos del niño que lleva a
cabo la Asociación Civil Abuelas
de Plaza de Mayo y su Centro de Atención
Psicológica por el Derecho a la Identidad”.
Sin embargo, este
viernes se publicó en el Boletín
Oficial que por medio del decreto 85/10,
emitido por el Ejecutivo de la ciudad, dicha
ley quedaba totalmente vetada. Allí
se argumenta que “esta gestión
apoya y garantiza el ejercicio de las actividades
de la Asociación Civil Abuelas de
Plaza de Mayo… Pero no resulta procedente
que el Gobierno de la Ciudad disponga de
su patrimonio en la constitución
de un fondo para el desarrollo de las actividades
previstas en el proyecto de ley en revisión
en toda la República Argentina, excediendo
su ámbito de jurisdicción”.
Por su parte, la organización
de derechos humanos en su comunicado afirma:
“Esta contribución resulta
de vital importancia para el desarrollo
de la tarea de Abuelas de Plaza de Mayo
-continúa el comunicado-, además
de representar un porcentaje absolutamente
menor en el presupuesto global de la Ciudad".
Según Abuelas,
esta asignación “no es una
concesión discrecional de la Legislatura”,
sino “una forma de cumplir con la
Constitución de la ciudad”.
Más precisamente del artículo
12, donde se establece que "la ciudad
garantiza el derecho a la identidad de las
personas" y que "debe facilitarse
la búsqueda e identificación
de aquellos a quienes les hubiera sido suprimida
o alterada su identidad".
Además, citan fondos
pautados por la ciudad en 1999 (ley 274)
y 2003 (ley 1035). “Estos aportes
han permitido a lo largo de estos años
contribuir con la restitución de
cien niños y jóvenes cuya
identidad había sido suprimida por
lo que resulta sumamente importante su aprobación",
concluyen Abuelas.
La iniciativa fue presentada
por la Diputada Gabriela Alegre (Encuentro
Popular para la Victoria). Acompañaron
los Diputados Juan Cabandié (Encuentro
Popular para la Victoria), Diana Maffía
(Coalición Cívica), Aníbal
Ibarra, Eduardo Epszteyn, Raúl Puy
(Diálogo por Buenos Aires), Raúl
Fernández (Encuentro Progresista),
Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro) y la ex
Diputada Alicia Bello (Identidad Porteña).
J.M.C.
Buenos Aires, 3 de febrero
de 2010
