¿El eterno retorno
de la UCEP?
Hoy sale a la luz una denuncia donde
se deja entrever que la UCEP, a pesar de
existir una ley que impide su accionar,
continúa con sus tareas de desalojo
a través de una “célula
paralela”. Hay sospecha de que haría
tareas de inteligencia a grupos y organizaciones
que denuncien su accionar.
Luego del escándalo
que generó el accionar de la Unidad
de Control de Espacio Público con
sus violentos e impunes actuaciones sobre
gente en situación de calle, la historia
parece repetirse.
El ministro de Ambiente
y Espacio Público dijo públicamente,
luego de haberse entrevistado con la defensora
del Pueblo Alicia Pierini, que la disolución
de este cuerpo sería efectivo.
Sin embargo, según
da a conocer Página/12,
la Justicia porteña investiga el
accionar de una “célula paralela”,
que habría actuado en al menos cuatro
procedimientos de desalojos en la vía
pública tras su anunciada disolución.
El jueves pasado, el juez Roberto Gallardo
allanó oficinas en dos pisos del
Edificio del Plata, una de las sedes administrativas
del gobierno de la ciudad, y secuestró
dos computadoras e importante documentación.
Allí habrían encontrado elementos
que certificarían esos operativos.
Existe un personaje
al que apuntaron todos los empelados indagados:
El Polaco. En su despacho se encontraron
fotos de marchas y movilizaciones contra
la UCEP, pero también de otras organizaciones,
con informes de los horarios de inicio y
finalización, en “lo que aparentan
ser rudimentarios informes de inteligencia”.
“Si
se comprueban estos hechos, el funcionario
habría incurrido en violación
de una orden judicial, ya que el gobierno
de la ciudad está impedido de realizar
desalojos en la vía pública
sin la autorización de un juez”,
dijo una fuente al diario.
Diego Morales del
CELS en FM La Tribu dijo hoy sobre
este organismo paralelo: “Desde del
informe que publicamos con la Defensoría
de la Ciudad a partir de la información
de que la UCEP estaría disolviéndose
pedimos un informe concreto pero no nos
han informado. Estos son datos que dan cuenta
de la necesidad de su disolución.
Hay que garantizar un poder judicial que
pueda avanzar sobre este tema”.
J.M.C.
Buenos Aires, 7 de diciembre
de 2009
