Escuchando al alumnado

Luego de que se haga pública una denuncia sobre supuestos infiltrados estudiantiles, en la Legislatura el diputado Sergio Epszteyn denunció espionaje por parte del gobierno porteño. Los antecedentes universitarios.
   El debate comenzó cuando el portal Ciudad1 publicó un artículo donde hace mención a un documento confidencial que habría hecho el Gobierno porteño. Allí se analiza el accionar estudiantil y se arroja como conclusión que “organizan disturbios en distintos puntos de la ciudad”. "Bajo el nombre de la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios (CUES), un grupo minúsculo de adolescentes vinculados a distintas vertientes políticas promueven con cortes de calle, pedir la cabeza del jefe de Gobierno de la ciudad, Mauricio Macri”, argumenta el escrito, aunque no especifica el área de procedencia ni cómo fueron suministrados los datos.
   “En reiteradas ocasiones estos grupos promueven cortes y caos de tránsito como el que sucedió días atrás en distintos lugares neurálgicos de la Ciudad como ser las intersecciones de Rivadavia y Jujuy, Córdoba y Callao, Acoyte y Rivadavia, por citar algunos de ellos”, sostiene el informe.
   Desde la oposición, el legislador de Encuentro Popular para la Victoria, Tito Nena, cuestionó en una entrevista al portal: "¿Qué van a impedir que los alumnos piensen? ¿Qué tengan ideología? Parece la dictadura cuando perseguían a estudiantes". “Ya hay antecedentes en Educación de instigación a los jóvenes. En 2008 Narodowski pidió nombres de estudiantes que reclamaban becas". "Los datos parecen pescado podrido de servicios de inteligencia, no información fidedigna y sí hicieron la investigación sería una barbaridad", opinó.
   El legislador oficialista, Enzo Pagani, ratificó el informe publicado por Ciudad1. “No cabe duda que el Kirchneismo quiere perjudicar la gestión de Macri y que para tal fin utiliza todos los medios posibles", sostuvo Pagani. "Es indudable que hay infiltrados en las marchas y cortes de calles estudiantiles de estos días aunque espero, por el bien de las instituciones, que sean personas aisladas”, concluyó.
  Durante la sesión de este jueves, el diputado porteño Sergio Epszteyn (Dialogo por Buenos Aires) recordó que el gobierno tiene una causa por pinchaduras de teléfonos, y llamó a que se deje esta metodología de “espiar a los ciudadanos”.    Por dichas actitudes tomadas por el gobierno, según el diputado, “Macri va a terminar peor que (el ex intendente Carlos) Grosso”.
   Un caso similar sucedió a nivel universitario. En septiembre de 2009 grupos estudiantiles realizaron un corte en Callao y Corrientes para repudiar los despidos de una empresa alimenticia. Meses después tres estudiantes, fueron citados a declarar por contravenciones. Se trata de Juan Oribe, Vicepresidente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, Jesica Calcagno, ex Presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, y Patricio del Corro, Secretario General de este último centro de estudiantes.
   Lo curioso de este caso fue cómo se procedió a las averiguaciones pertinentes. Este medio dialogó con Luís Bonomi, abogado de los estudiantes implicados e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH): “Esta investigación tiene más de 700 fojas. Tal vez hayan pinchando teléfonos. Mucha información está sacada de Internet, pero hay datos que no se sabe cómo los sacaron. Evidentemente han usado métodos de espionaje”.
   Sobre el informe, que fue pedido por los fiscales Aníbal Brunet y Martín Lapadú, desde el ministerio Público del a Ciudad, incluye “fotos en las marchas, sacadas por policías civiles”. “Lo que hacen para identificar las caras es ingresar a la web del PTS para ver las publicaciones y señalar a los chicos. Además identifican las publicaciones políticas, algo que no tiene nada que ver con una simple contravención que está penada con trabajo comunitario”, argumentó el abogado.
   “Sí (el fiscal) hubiera actuado conforme a la ley tendría que haber rechazado las 700 fojas porque violan la ley de seguridad interior, que dice que no se pueden hacer investigaciones sobre asociaciones políticas. No obstante, el fiscal le dio derecho”, expuso Bonomi.
   “Lo más grave es que se pueden hacer tareas de inteligencia sobre militantes políticos. Esto es una barbaridad, sí se empieza con inteligencia, el día de mañana se puede legalizar cualquier cosa con tal de conseguir información”, reflexionó el abogado de los estudiantes.
  “No es un caso aislado, es momento de plantear en la sociedad el debate para que no haya más inteligencia ni persecución. Hay debates sobre la criminalización de la pobreza, pero de esto no. Es fundamental en este momento poner freno. Cuando haya una situación represiva más palpable, va a ser imposible frenarlo”, concluyó.

Buenos Aires, 25 de junio de 2010.