El
gobierno porteño pretende concesionar
15 edificios públicos
Macri impulsa la licitación de oficinas
porteñas para construir el Centro
Cívico en Barracas, por lo que ha
enviado al Parlamento de la Ciudad un proyecto
de ley para licitar edificios históricos.
La intención es que con ese dinero
se pague la mudanza al sur de la Capital.
Se trata de 15 inmuebles que quiere dar
en concesión por 30 años a
inversores-operadores-desarrolladores inmobiliarios.
Con esta licitación
el gobierno busca impulsar la construcción
del “Centro Cívico del Siglo
XXI”, que sería trasladado
a la zona de Barracas, donde están
los neurosiquiátricos Borda (léase
“Desde el Borda”) y Moyano,
las dependencias más importantes
de la Ciudad, entre ellas la propia sede
del Gobierno porteño.
A pesar de la ambición del proyecto,
la iniciativa legislativa deja algunos cabos
sueltos. No está especificado qué
tipo de construcciones se harán sobre
Barracas. Tampoco se aclara cuántas
empresas se beneficiarán por la operatoria,
tampoco se habla de un plazo. De este modo,
la oposición se muestra en contra.
A quienes se los ve más firmes al
“no” es el kirchnerismo y la
bancada de Ibarra, ya que consideran como
“otro emprendimiento inmobiliario”
a este polémico proyecto; aunque
desde algunos sectores relacionados con
mundo de los inmuebles lo enmarquen como
un acontecimiento que “va a agitar
el mercado inmobiliario”.
Los edificios a
concesionar tienen en promedio, 60 años
de antigüedad. En este sentido, según
el Gobierno porteño, muchos de esos
edificios requieren inversiones para su
puesta en valor por encontrarse deteriorados.
Entre ellos están el ex Mercado del
Plata, Carabelas 222/286. Considerado como
un ejemplo de la arquitectura moderna, que
además cuenta en su interior con
murales cerámicos realizados por
Juan Antonio Vázquez. Otro inmueble
está ubicado sobre la avenida Paseo
Colón al 255, allí está
el Ministerio de Educación. También
sería alquilado el edificio de Carlos
Pellegrini 313/333, donde funciona la sede
de Salud. Las dependencias de la calle Uruguay
454/478 donde están las oficinas
de la Procuración porteña,
es decir, los abogados que defienden al
Gobierno. Otros inmuebles, que completan
los 15 son: Tacuarí 138/148, Uruguay
428/452, Balcarce 360/362/370, Bolivar 191/199,
Viamonte 860/888/900, Esmeralda 638/642,
Berutti 3345/3347, Av. Belgrano 836/858,
Av. órdoba 2222/2226, Av. Independencia
629/637 y Av. Rivadavia 530/532.
La iniciativa
pide que se autorice "el llamado a
licitación pública, por parte
del Poder Ejecutivo, para concesionar por
el término de hasta 30 años
los inmuebles del dominio público
y privado del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires", es decir, los mencionados
en el párrafo anterior, detallados
en un anexo. Además, que el proyecto
"se enmarca en la política de
alcanzar la concreción de metas y
objetivos compartidos y anhelados por los
ciudadanos porteños en su conjunto
y que históricamente se han visto
demorados y postergados". Así,
se justifica esta propuesta ya que la Ciudad
no posee un centro cívico y que los
"recursos presupuestarios son insuficientes
para encarar la concreción efectiva
de importantes proyectos estratégicos
de inversión en infraestructura".
De este modo, se estipula que "el canon…
será aplicado, en forma exclusiva
e irrevocable, a la construcción
de los edificios del Centro Cívico"
y que la "contraprestación podrá
ser en dinero o en especie a través
de la construcción de todo o parte
del Centro Cívico". En el cuarto
y último artículo del proyecto
de ley, allí se reserva la reglamentación
de la norma y "las condiciones que
regirán el llamado a licitación
pública de la concesión",
es decir, desde el macrismo se tomarán
las decisiones referidas a empresas y financiamiento.
J.M.C.
Buenos Aires, 27 de julio
del 2009
