Impulsan ley de medios
PRO
Ante el descontento del PRO frente a la
sanción de la Ley de Medios, la semana
pasada se presentó una ley en la
Legislatura que regule la TV en la ciudad.
Voces a favor y en contra.
El jefe del bloque
del partido, Oscar Moscariello, presentó
el mencionado proyecto en la Legislatura
porteña la semana pasada. Allí
se establece que la ciudad tiene “la
potestad de otorgar y revocar licencias
para la explotación de la televisión
por cable”. Su objetivo es garantizar
"las libertades de expresión
y prensa en la comunicación audiovisual"
en Buenos Aires.
Por otro lado, como
dio a conocer Noticias Urbanas, el presidente
de la Comisión de Comunicación
de la Cámara de Senadores de la Nación,
el kirchnerista Guillermo Jenefes (uno de
los más críticos del oficialismo
hacia la aprobada ley de medios), no vio
con buenos ojos a la propuesta. “Esa
ley de la Ciudad sería inconstitucional
porque es materia federal legislar sobre
los medios. Siempre fue materia federal
la ley de Radiodifusión", declaró
a radio Mitre.
La iniciativa PRO
busca regular "la prestación
de servicios de difusión de señales,
programas y contenidos audiovisuales cuyo
soporte técnico de transmisión
se realice mediante vínculos físicos
que configuren redes ubicadas dentro de
los límites territoriales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires", y
establece que sería la administración
local la responsable de otorgar autorizaciones
"para la instalación y explotación
de servicios de difusión".
Si bien esta propuesta
no cubre televisión abierta ni radio,
sí barca el cable. "No buscamos
competir", aseguró Rodríguez
Larreta refiriéndose a la ley sancionada
la semana pasada en el Senado. Este proyecto
"va en línea con el reclamo
del manejo de la policía, la Justicia
y el puerto", según el jefe
de Gabinete de Ministros.
Este proyecto establece
la creación de la Agencia de Medios
y Libertad de Prensa (ALIP) -autoridad de
aplicación-, con carácter
de "entidad estatal descentralizada,
autónoma y autárquica, con
autonomía funcional y financiera”.
Deberá "elaborar
las normas de bases y condiciones para la
adjudicación de servicios de difusión;
sustanciar los procedimientos para la adjudicación
o autorización de la explotación
de los servicios de difusión locales;
y recibir denuncias sobre asignaciones discriminatorias
de la Pauta Oficial de Publicidad".
De este modo, conforman
dicha autoridad un Consejo Directivo, integrado
por un presidente designado por el jefe
de Gobierno, al que se le sumarán
un Tribunal Administrativo integrado por
tres miembros y por un director ejecutivo.
Por otra parte, los titulares de los servicios
pagarían un “cuatro por ciento
de su facturación bruta” por
los servicios, según informa parlamentario.com.
J.M.C.
Buenos Aires,
14 de octubre de 2009