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Intento de desalojo en la U.B.A.


La madrugada de lunes pasada se hicieron presentes en el estacionamiento de Azcuénaga 935 (dependiente del Rectorado de la UBA) funcionarios del rectorado y un escribano público, custodiados por patrulleros y personal policial de civil. Su intención era desalojar un espacio recuperado por los estudiantes de la universidad. En el sitio se comenzó a construir una huerta, un mural, además de que allí se proyectarían distintas actividades culturales.
     “Alrededor de las 3 de la mañana del lunes 16 de febrero, durante la vigilia se hicieron presentes policías uniformados y de civil con la intención de efectuar el desalojo. Luego se fueron. Fuimos con un abogado a la comisaría para obtener información sobre los hechos. Allí nos enteramos de que el subcomisario ante la gran cantidad de estudiantes presentes y la organización desarrollada, decidió suspender la confrontación”, relata un comunicado comunicado hecho por la coordinación general del Centro de Estudiantes de Sociales (C.E.C.So).
     “Es clara la decisión del Rectorado de concretar su intención. Denunciamos al Rectorado por continuar con su política de persecución al movimiento estudiantil en lucha llegando incluso a intentar ejecutar la misma utilizando las fuerzas represivas en territorio de la UBA”, denuncian los estudiantes.
      La recuperación del espacio, está vista como “mostrar efectivas soluciones” con respecto a las condiciones en las que se tiene que estudiar en la U.B.A. “Este lugar, antes destinado a negociados, se ha convertido hoy, por el esfuerzo y el trabajo de los estudiantes, en un espacio de estudio y de debate académico y cultural, además de ser un Comedor Estudiantil”.
     Esta política ejecutada por las autoridades, encuentra el más alto repudio por parte del movimiento estudiantil. Esto se demuestra tanto en la “escandalosa asunción de Hallú en el Congreso Nacional”, donde estuvo presentes el vallado policial y la represión a estudiantes el 18/12/2006, como a fines del año pasado donde “se llegó a judicializar la lucha” por el CBC de Merlo, lo que resultó “un claro fracaso de esta política”.

J.M.C.

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009




 
 


 

 

 

 

 

 

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