Abasto zoo: no más
gorilas en las calles
Desde la justicia ordenaron sacar
de las calles, plazas y escuelas, los nombres
de los funcionarios de facto. El gobierno
porteño deberá en cada lugar
aclarar el por qué mientras el objeto
irá al Museo de la Memoria.
Nos enteramos por el Observatorio
de Derechos Humanos (www.observatorioddhh.org.ar)
sobre la sentencia de la jueza porteña,
Elena Liberatori, quien le ordena a la Legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires que efectivice
el artículo quinto de la ley 83 de
la Ciudad, donde se establece que "en
ningún caso deberán designarse
calles o lugares públicos con nombres
de autoridades nacionales, provinciales
o municipales que hayan ejercido su función
por actos de fuerza contra el orden constitucional
y el sistema democrático".
"No cabe duda de
que la subsistencia de nomenclatura urbana
alusiva a ex funcionarios de gobiernos de
facto resulta claramente contraria al derecho
vigente, y que, por ende, las ordenanzas
que dispusieron tales nombres a los espacios
públicos resultan inconstitucionales",
comunicó la jueza por medio del fallo.
La causa se inició
por un amparo de Hansel Adolfo Oscar Stegemann,
contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires para que quiten de las placas de las
calles, plazas, escuelas, o de cualquier
otro espacio público, los nombres
de aquellos que usurparon el cargo durante
los períodos de facto.
El amparo recibo la adhesión
de HIJOS, la asociación La Azucena,
la asociación Madres de Plaza de
Mayo y la Unión de Empleados de La
Justicia de la Nación.
A raíz de la sentencia
deberán cambiar su nombre
la plaza “Teniente General Eduardo
Lonardi”, Plazoleta “Ernesto
Padilla”, calles “Intendente
Guerrico”, “Capitán claudio
H. Rosales”, “Mecánico
Militar Leopoldo Atenzo”, “Cadete
Carlos Larguia”, “Soldado Miguel
Santi”, la escuela “Octavio
Pico” y la escuela “Ernesto
Padilla”.
A su vez el GCBA tendría
que colocar en forma visible un cartel perdurable
que especifique los procesos históricos,
económicos, políticos, sociales
y su encuadre global por los cuales se llegó
a la violación del orden constitucional.
Los objetos que se extraigan irían
al Museo de la Memoria. Y se tendrá
que publicar la resolución en diarios
de circulación nacional, el Boletín
Oficial porteño y Télam.
U.K.
Buenos Aires, 10 de agosto
de 2010.
