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“Macri mete miedo”


El viernes 30 de octubre, sobre la Manzana de las Luces, en el centro porteño, se lanzó la campaña Macri Mete Miedo. Allí se pide la renuncia de los ministros Narodowsky, Educación, Piccardo, Espacio Público, y Montenegro, Seguridad, por su cuestionado desempeño frente a los acontecimientos más hicieron ruido en la ciudad.
   Allí se llevó a cabo una masiva conferencia de prensa en la que se exigió la renuncia de los ministros de Educación Mariano Narodowski, de Justicia y Seguridad Guillermo Montenegro y de la cartera de Ambiente y Espacio Público Juan Pablo Piccardo. El pedido se enmarca en los casos de escuchas ilegales y el accionar de la UCEP en la ciudad.
   Esta campaña nace como una convocatoria hecha por Familiares de Víctimas del Atentado a la AMIA, Memoria Activa, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, H.I.J.O.S., Centro de Estudios Legales y Sociales, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; además de otras organizaciones sociales, sindicales y políticas.
   La disolución de la UCEP, según el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad
   Luego de la polémica, la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) pasará a Desarrollo Social. Esta resolución se hizo oficial el jueves por el ministro Juan Pablo Piccardo, luego de hablar con la Defensoría de la Ciudad. Los integrantes de la unidad continúan en el gobierno.
    El jueves, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, luego de una reunión que mantuvo con el Ministro Piccardo, anunció que el GCBA se “comprometió a modificar los objetivos de la UCEP y que toda la intervención pública respecto de las personas en situación de calle será llevada a cabo por el Ministerio de Desarrollo Social”.
    “El Video que subimos a nuestra página en relación al violento e ilegal accionar que ejercía la UCEP sobre las personas en situación de calle ha sido visto, hasta la fecha, por más de veinte mil personas. Hemos logrado junto al trabajo de otras organizaciones que también velan por los derechos humanos y sociales, que el organismo haya estado durante días en el ojo de la tormenta y que hoy sea parte de la agenda no sólo del arco político opositor sino también, y acá está lo sustancial, del gobierno porteño, responsable del funcionamiento de la unidad”, informan desde el Observatorio.
    “Junto con el video subimos un Petitorio para exigir la disolución de la UCEP y fueron cientos los espacios políticos, sociales, culturales y de derechos humanos, más particulares, que nos hicieron llegar la firma”, añaden.
    “Aspiramos a que la justicia avance en la investigación penal sobre los integrantes de la UCEP y los funcionarios a cargo”, concluye su informe.
    En cuanto a los miembros de la ex Unidad, 26 en total, cumplirán tareas de “contención a indigentes” en Desarrollo Social, mediante el programa Buenos Aires Presente, según dio a conocer La Nación.

J.M.C.

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009




 

 

 

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