Estamos hablando de Norma Beatriz Guimil. La pequeña gran mujer que no se resignó a la ignominia y la muerte a la que Menem, Cavallo, las recetas del Fondo y la crueldad del neoliberalismo, habían destinado para los ancianos en nuestro país en la oscura década de los '90. La misma que popularizara la Bersuit en “Señor Cobranza”* y Pappo en “Mi vieja”. Era viuda, tenía cuatro hijos, doce nietos, cobraba $150 de jubilación y padecía un cáncer que consumió su cuerpo pero no su espíritu.

Norma Beatriz Guimil de Plá. Norma Plá. Una mujer común en una situación excepcional.

Una de terror

En el cuadro, vemos una “película”, no una “foto”. A lo largo de ocho años, la pobreza en pensionados y jubilados mayores de 65 años, descendió. Y disminuyó de manera significativa: de casi el 30% al insignificante 2,6% en 2012. La reducción de la pobreza en los adultos mayores ha sido del 85% en todo el tramo de mediciones.
Mientras un jubilado percibía $150 mensualmente, en la misma época, un director de AFJP cobraba $ 110.000. Setecientas treinta veces más.
El Ministerio de Trabajo, había otorgado un beneficio de $ 150 a las personas de más de 70 años que no fueran titulares de ningún beneficio asistencial, graciable, no contributivo o previsional, de carácter monetario. En una primera etapa se circunscribió su aplicación a las provincias de Formosa, Misiones, Jujuy, Chaco, Corrientes, Salta, San Juan, Entre Ríos, Catamarca, Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero. Era marzo de 2003. También el gobierno de Duhalde había instrumentado el “Programa Adulto Mayor Más” dirigido a aquellas personas en estado de vulnerabilidad social que se encontraban sin amparo previsional o no contributivo, y que poseían una edad de setenta años o más, ofreciendo además una cobertura de salud.

Pero aquella ayuda –por demás irrisoria– era incompatible de ser recibida si el “beneficiario” recibía alguna ayuda provincial. Como ejemplo de tales “subsidios” citamos: Salta $ 13 por mes; Corrientes $ 50 por bimestre; Entre Ríos $ 22 por mes. La injusticia seguía consumándose y el nuevo gobierno –nacido de la voluntad popular– tendría que hacer frente a todas estas dificultades. La situación de la mayoría de ellos ha sido –junto a la infancia– una de las más graves debido a que los planes alimentarios que asistían a los mayores en condición de pobreza siempre fueron insuficientes (recordemos que sólo el 35% de los ancianos que vivían en la indigencia y/o pobreza en 1999, recibían una magra ayuda alimentaria del Estado sumado a los consabidos intentos de desmantelar ese dispositivo de asistencia (cuando no a la suspensión lisa y llana de la asistencia en virtud de la “Ley de Déficit Cero” acordada entre el Gobierno de Fernando de la Rúa con el Fondo Monetario Internacional), sumada al recorte del 13% de las –ya- magras asignaciones, daba a estos argentinos sólo un drama sin solución de continuidad. De este modo, unos 2 millones de personas que cobraban un haber mínimo de $ 390 en 2001, habían perdido en el 2002 un 70% del poder adquisitivo. ¿Sólo la muerte quedaba en el destino?
Tras la megadevaluación de 1988-1991, las jubilaciones argentinas estuvieron congeladas en su nivel más bajo. Durante la ola de ajustes y privatizaciones, la seguridad previsional fue privatizada en consorcios de bancos que tuvieron a disposición fondos por U$S35.000 millones, apropiándose un tercio en carácter de comisiones. El resultado fue catastrófico e inclusive, cayó la cobertura. Pero en los últimos diez años se recompusieron anualmente hasta que en 2008 una ley estableció que tenga dos alzas anuales y hoy Argentina tiene las jubilaciones y la cobertura previsional más alta de América Latina. Desde 1993, en adelante, las jubilaciones permanecieron congeladas, inclusive cuando estalló la convertibilidad y la devaluación fue del 400%.
No sólo se postergaba a los jubilados de entonces, también se hipotecaba el futuro: en 1994, con el apoyo del Banco Mundial y el FMI, el ministro de Economía Domingo Cavallo privatizó la cobertura previsional y dejó en mano de los bancos un descomunal negocio con los aportes patronales y de los trabajadores, manejando fondos por U$S35.000 millones. Así, con comisiones de hasta el 30% de los aportes previsionales, las AFJP embolsaron U$S10.000 millones y al cabo de diez años, la cobertura previsional cayó un 10%.
A fines de los '90 y profundizada la crisis en 2001-2002, la situación de los jubilados argentinos era dramática. Eran comunes los casos de inanición y suicidios por imposibilidad de subsistencia de abuelos que se sentían una carga imposible para sus hijos desocupados. En 1993, las jubilaciones fueron congeladas en $150 y recién en 2003, (diez años más tarde), fueron aumentadas a $220.
Una de las primeras medidas que tomó Néstor Kirchner, cuando asumió la presidencia en 2003, fue decretar un aumento del 47%, pese a las exhaustas arcas estatales tras el default. Desde entonces, cada año se fue actualizando del mismo modo hasta que en 2008 se sancionó la Ley de Movilidad Jubilatoria que estipula dos aumentos anuales.
Además, las subas estuvieron por encima de cualquier cálculo de inflación: 27% en 2010; 37% en 2011; 31% al año siguiente y se alcanzó el 32% para 2013. Comparado en dólares, pasó de U$S150 a los U$S432 de hoy, constituyéndose en la mejor jubilación de toda América Latina.
Sumado a esto, el Estado, que en 2003 destinaba el 4.1% del PBI a los abuelos, ahora invierte el 7.7%, y se duplicó la cantidad de jubilados, alcanzando los 7.3 millones, e incluyendo al 95% de adultos en edad de retiro. Esta cifra es estimada por la CEPAL como la mayor cobertura de América Latina.
Es importante señalar que la administración de los aportes de los trabajadores (mal-llamada por los medios, “de los jubilados”, en la medida en que los retirados de hoy cobran los aportes de quienes están activos, por eso es de solidaridad intergeneracional) da lugar a inversiones fundamentales como el plan de viviendas Pro.Cre.Ar., y al crecimiento de otros sectores estratégicos con resultados inapelables: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad aumentó un 198% con la gestión de Anses en 2008, y hoy alcanza los $292.172 millones.
La Argentina, fue uno de los países latinoamericanos que más ampliaron las pensiones y las jubilaciones en los últimos 10 años, destacó un informe recientemente publicado por el Banco Mundial. El estudio titulado “Más allá de las pensiones contributivas”, analizó 18 experiencias en América Latina, concluyendo que nuestro país cerró definitivamente la crisis estructural del sistema provisional, siendo –junto a Bolivia– los dos casos modelo de equidad distributiva.
Luego de una década de jubilaciones congeladas por el neoliberalismo, desde 2003 el Gobierno Nacional marcó una línea de reparación histórica: hoy Argentina tiene las jubilaciones más altas de América Latina y la mayor cobertura previsional.

Los Números de la Muerte

El 29 de noviembre del año 2002, una noticia daba la vuelta al mundo: “Murieron 134 personas por desnutrición en San Juan”. El Censo del año 2001, decía que San Juan tenía una población de 620.000 habitantes. Y las cifras de la pobreza en Argentina, establecían que más de 400 mil sanjuaninos eran pobres, y de ellos, más de 120 mil presentaban carencias alimentarias graves. Era lógico.

Era la primera noticia que desnudaba la gravísima crisis por la que atravesaban los argentinos, luego, vendrían otras crudas verdades: la desnutrición crónica de los niños en Tucumán. El informe decía algo dramático: la gente mayor se moría de hambre. El dato se esparcía por México, Ecuador, Inglaterra, y el resto del mundo, hasta llegar al estado de anestesia en que nos encontrábamos.

Según los registros de los partes de defunción en los hospitales públicos sanjuaninos, en el 2000 murieron en total 57 personas por desnutrición en San Juan, de las que 46 fueron ancianos y 5 niños menores de 14 años. El primer niño en morir por hambre, se llamaba Jesús. En 2001 fallecieron por desnutrición 82 personas, de las que 73 fueron mayores de 60 y 3 niños de menos de 14 años. También se indicó que los casos son provenientes, en su mayoría, de los barrios periféricos de la Ciudad Capital. Las últimas cifras indicaban que entre los fallecidos. 105 fueron ancianos, 13 jóvenes -de entre 15 y 30 años- y 13 niños menores de 14 años. Las muertes tuvieron su mayor impacto en mayores de 60 años, entre los que, (desde el 2000 a la fecha), se registrara un aumento del 128% de muertes por esta causa.

Este panorama más que escandaloso, se replicaría en todo el país. Así, un estudio realizado por la OPS, indica que se registraron 2000 casos de similares características en un relevamiento realizado en sólo tres hospitales de Capital Federal. Imaginar la progresión que esto implica tanto para Buenos Aires como para el país, era escalofriante.

Claro, era la primera vez que estas muertes tomaban estado público. Las primeras muertes por hambre habían comenzado ya hacía dos años antes y los primeros en morir habían sido los mayores de 60 años. Algo “lógico”, dado que durante diez años habían sido condenados a padecer innumerables penurias cuando el neoliberalismo les ofrecía $150 por mes. Ellos fueron los primeros en luchar y los primeros en caer.

Un Tranvía llamado Equidad

Luego de una década de jubilaciones congeladas por el neoliberalismo, desde 2003 el Gobierno Nacional marcó una línea de reparación histórica: hoy Argentina tiene las jubilaciones más altas de América Latina y la mayor cobertura previsional.
Tras la megadevaluación de 1988-1991, las jubilaciones argentinas estuvieron congeladas en su nivel más bajo. Durante la ola de ajustes y privatizaciones, la seguridad previsional fue privatizada en consorcios de bancos que tuvieron a disposición fondos por U$S35.000 millones, apropiándose un tercio en carácter de comisiones. El resultado fue catastrófico e inclusive, cayó la cobertura. Pero en los últimos diez años se recompusieron anualmente hasta que en 2008 una ley estableció que tenga dos alzas anuales y hoy Argentina tiene las jubilaciones y la cobertura previsional más alta de América Latina.
Desde 1993, en adelante, las jubilaciones permanecieron congeladas, inclusive cuando estalló la convertibilidad y la devaluación fue del 400%.
No sólo se postergaba a los jubilados de entonces, también se hipotecaba el futuro: en 1994, con el apoyo del Banco Mundial y el FMI, el ministro de Economía Domingo Cavallo privatizó la cobertura previsional y dejó en mano de los bancos un descomunal negocio con los aportes patronales y de los trabajadores, manejando fondos por U$S35.000 millones. Así, con comisiones de hasta el 30% de los aportes previsionales, las AFJP embolsaron U$S10.000 millones y al cabo de diez años, la cobertura previsional cayó un 10%.
A fines de los '90 y profundizada la crisis en 2001-2002, la situación de los jubilados argentinos era dramática. Eran comunes los casos de inanición y suicidios por imposibilidad de subsistencia de abuelos que se sentían una carga imposible para sus hijos desocupados. En 1993, las jubilaciones fueron congeladas en $150 y recién en 2003, (diez años más tarde), fueron aumentadas a $220.
La Argentina, fue uno de los países latinoamericanos que más ampliaron las pensiones y las jubilaciones en los últimos 10 años, destacó un informe recientemente publicado por el Banco Mundial. El estudio titulado “Más allá de las pensiones contributivas”, analizó 18 experiencias en América Latina, concluyendo que nuestro país cerró definitivamente la crisis estructural del sistema provisional, siendo –junto a Bolivia– los dos casos modelo de equidad distributiva. Sin embargo, y como dicen Sabina, los diarios… bah! algunos diarios no hablaban ni de ti, ni de mí, ni de ustedes, ni de nosotros… ¿De qué hablaban?

¡Callan Sancho! Señal que cabalgamos

Recuperada la democracia en 1983, se hace ostensible la adulteración del Índice de Remuneraciones que desde 1979 venía perpetrando Martínez de Hoz para pagarle al FMI con la plata de los jubilados. La movilidad de los haberes dependía de la evolución de los salarios en actividad que surgían del índice elaborado por la Secretaria de Seguridad Social, indicador que por decisión del entonces Ministro de Economía del gobierno de facto fue distorsionado, reduciendo así en un 16% las jubilaciones en 1979 las que en 1983 ya padecían una quita del 37%. Adulteración estadística respecto de la cual no tengo memoria que el periodismo de investigación hubiere dado cuenta, y de la que los argentinos recién pudimos advertir cuando, recuperada la democracia, nos anoticiamos que se le estaba quitando cerca de un 40% del haber a nuestros padres y abuelos. Esto denunciaba el abogado, Profesor de Derecho de la Seguridad Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y Editor Responsable del Semanario Digital Lo Social José Luis Di Lorenzo en 1986 y fue más extenso en su planteo cuando concurrió al Congreso de La Nación a exponer sobre el saqueo de nuestros recursos sociales a manos del sistema financiero y el rol de los “medios” ya sea silenciando o peor aún, desinformando.
En la columna de la izquierda, puede verse cómo desde los titulares, las editoriales y una suerte de periodismo de declaraciones de los dos medios hegemónicos de la prensa argentina, calificaban sin ningún reparo ético de ROBO, ESTAFA y EXPROPIACIÓN, a la aprobación del Proyecto del Sistema Integrado Provisional Argentino aprobada por el Senado en el año 2008 y que diera lugar a la ley 26425 por la que se re-estatizaban los fondos “administrados” por las AFJP. Es cuanto menos llamativo que esos mismos “medios” no usaran estos calificativos cuando –por ejemplo– Erman González (Ministro de Economía del menemato) realizara el “canje compulsivo de los depósitos” y se quedara (¿robo, estafa, expropiación?) con el ahorro de miles de argentinos. No, sólo se leía en aquellas páginas “Plan Bónex”. Todo un símbolo de la desinformación. Más aún, cuando el Gobierno actual, cancelara aquella “travesura” neoliberal, sin comerla ni beberla.
El colmo de todo este “tratamiento desinformativo”, llegó hace poco. Cuando la 2da etapa del Plan de Inclusión llamado “Plan de Universalización Jubilatoria” fue anunciado por la Presidenta de la Nación el 04 de junio. El Plan de Inclusión Previsional puesto en marcha en 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, permitió incorporar 2,8 millones de adultos mayores al sistema. La cobertura previsional trepó de 66,1 hasta el 93,8 por ciento actual, el nivel más elevado de toda América latina. Como consecuencia de más de tres décadas de incremento sistemático del desempleo y la precarización laboral, junto con la privatización del sistema de la seguridad social, 4 de cada 10 abuelos quedaron excluidos en los '90 del derecho a la jubilación. El instrumento redundó en una sensible mejora distributiva entre los adultos mayores y se convirtió en una política de igualdad de género, ya que el 73 por ciento de las jubilaciones otorgadas gracias a aquella moratoria fueron para mujeres. La segunda etapa del Plan de Inclusión, que arranca ahora, ampliará la fecha límite para regularizar aportes hasta el 31 de diciembre de 2003 para incorporar a medio millón de argentinos excluidos de este derecho. El Plan permitirá completar aportes hasta el 31 de diciembre de 2003, con quita de la deuda con la Anses y un plan de 60 cuotas. Con esos beneficios, el 99% de los argentinos accederá a la jubilación.

Ese mismo día, CLARÍN y LA NACIÓN en sus respectivas tapas, IGNORARON el anuncio.

6118 días pasaron desde aquel 11 de marzo de 1992 hasta el 9 de diciembre de 2008 – día en que el Boletín Oficial publicó la Ley Nº 26.425 Sistema Integrado Previsional Argentino – conocida como la Ley de Reforma del Sistema Previsional. Norma no estuvo allí para celebrar ese momento. Ni Norma, ni su esposo, que era obrero gráfico y lo habían despedido en 1982 porqué la fábrica quebró y después de eso no volvió a encontrar trabajo. Ese hombre que mientras estuvo con vida, hizo todo lo que pudo como tantos otros hicieron lo que pudieron durante esos años siniestros.

No estuvo Norma, ni estuvieron los miles de jubilados que murieron mientras luchaban, los que se quitaron la vida por no soportar la idea del desamparo, ni los otros miles que la pulseada del tiempo les ganó en silencio en algún rincón de sus hogares.

Norma se llevó consigo 26 procesos judiciales por tirar huevos al Congreso, al Consejo Deliberante, al Banco Hipotecario Nacional, a la DGI y al Ministerio de Economía. Se llevó un ramillete de moretones y golpes por la decena de veces que fue detenida por la policía y fue honrada con las medallas de las denuncias y juicios que el gobierno de Menem impulsó en su contra. Supo elegir a sus enemigos. Y el grado de infamia y miserabilidad de ellos le dio estatura a su humanidad.

El pueblo la bautizó como la Abanderada de los Jubilados. Por eso hoy escribimos estas palabras. En memoria de los que lucharon y como legado para las nuevas generaciones.