Presentamos un informe
del fiscal federal Federico Delgado
sobre el estado de los sistemas de seguridad
Radiografía a
la Policía Federal
y cortocircuitos con autoridades judiciales
El fiscal federal
Federico Delgado, después de consultar
a las 53 comisarías porteñas,
elaboró un informe sobre los recursos
humanos y recursos materiales con que
cuenta la PFA para prevenir el delito.
A su vez concluyó que las fuerzas
de seguridad “no actúan de
manera proactiva sino por mera reacción”.
También se refirió a la
relación con el Ministerio Público
Fiscal.
El fiscal federal Federico
Delgado consultó en las 53 comisarías
porteñas, más de una decena
cruzan por las Comunas 3 y 5, y al sumar
el total de uniformados de todas ellas
llegó a la conclusión de
que hay, según informaron los jefes
de cada dependencia policial, 11.691 efectivos.
Es decir que, teniendo en cuenta el censo
nacional de 2010, donde se determinó
que la ciudad de Buenos Aires tiene 2.890.151
habitantes, en promedio hay un uniformado
cada 247 vecinos. No varía mucho
de otras grandes ciudades del mundo, como
Nueva York o Londres, donde hay un agente
cada 237 y 245 habitantes, respectivamente.
Las fuerzas
de seguridad “no actúan de
manera proactiva sino por mera reacción”
A los integrantes de
la Policía Federal hay que sumarles
los 2500 efectivos de Gendarmería
y Prefectura que desde 2011 se encargan
de la tarea de prevención en la
zona sur de la ciudad.
Según indagó
el fiscal federal Federico Delgado, en
las 53 comisarías porteñas
hay 11.691 efectivos, sin contar Prefectura
y Gendarmería, para 2.890.151 habitantes.
A su vez, las comisarías cuentan
con 1123 vehículos, de los cuales
alrededor de 698 están en servicio
(por baja permanente o por encontrarse
temporalmente “radiados”).
Durante el año 2013 las comisarías
tenían asignada una caja chica
para gastos de 12.000 pesos mensuales,
la cual en el año 2014 se actualizó
a 20.000. El mayor porcentaje de esos
recursos es destinado a reparar la flota
automotor, según el informe.
Encuentro
sobre seguridad en la Comuna 3.
El relevo
también fue puntilloso con casos
de denuncias. Así, “de un
total aproximado de 145.164 sumarios labrados
por las 53 Comisarías de la PFA
durante el año 2013, sólo
61 fueron por posible infracción
a la ley de trata de personas (si lo dividimos
por 53 el resultado es: 1,33 sumarios
por comisaría al año) y
177 por posible infracción a la
ley de Profilaxis (si dividimos por 53
el resultado es de 3,33 sumarios por comisaría
al año). Para hacer más
gráficos los números, pueden
verse muchísimos ejemplos en el
cuadro donde la relación aproximativa
marca las siguientes proporciones: 5000
sumarios a 3; 4000 a 2; 2000 a 1; 1000
a 0; recordemos que ¡la unidad de
tiempo es un año! Por otra parte
se labraron 18950 sumarios por diligencias
judiciales, que en general reflejan órdenes
de los jueces y fiscales a la policía
que abarcan desde una citación
a una tarea de investigación precisa”,
suma.
Dependiendo del período
considerado, se pudo observar “que
entre el 60 y 70% de los casos en los
que intervienen las fuerzas de seguridad
son de tenencia para el consumo en los
cuales actúan ante el “consumo
en la vía pública”
o por “actitud sospechosa”,
analizaron. El cúmulo de ese trabajo
registrado mayoritariamente “involucra
la tenencia de marihuana, siguiéndole
pero en muchísima menor medida
la cocaína (que por otra parte,
nunca se discrimina su calidad, si se
trata de clorhidrato, paco o pasta base;
drogas sintéticas y/o precursores
químicos brillan por su ausencia)”.
Se pudo
observar “que entre el 60 y 70%
de los casos en los que intervienen las
fuerzas de seguridad son de tenencia para
el consumo en los cuales actúan
ante el “consumo en la vía
pública” o por “actitud
sospechosa”
Un dato revelador surgió
sobre prevención: “La proporción
de sumarios iniciados por prevención
estrictamente hablando en relación
con aquellos iniciados por denuncia en
la comisaría o telefónica
es dramáticamente pequeña.
Si a eso le restamos además los
casos de flagrancia; es decir, “con
las manos en la masa” que son la
mayoría, concluimos rápidamente
que pese a las “funciones de prevención
y seguridad” que una y otra vez
aparecen en los informes como destino
específico de una buena cantidad
de efectivos, la Policía Federal
no previene, es decir no actúan
de manera proactiva sino por mera reacción.
Pero profundicemos sobre el punto. Si
observamos la estadística general,
el índice baja o sube según
–expresémoslo así
se trate de delitos que van a buscar a
la policía o de delitos que no
suelen hacerlo –excepto quizás
para buscar “cobertura”, es
decir que sin investigación proactiva
por estar vinculados a la criminalidad
organizada, no se llega a tener noticia
de ellos”.
Allí ponen de
ejemplo a la Comisaría 6, cuyo
límite está entre Rivadavia,
San José, Chile y Alberti. “de
3457 sumarios conformados, 7 fueron por
ley de profilaxis; 5 por trata; 52 por
drogas de los cuales sólo 5 no
fueron por tenencia o consumo. Para contrastar
mencionamos también que se labraron
852 sumarios por robo; 748 por amenazas;
652 por hurto; 217 por lesiones culposas.
Nótese que los números más
altos responden a delitos que se denuncian
o accidentes en la vía pública.
Veamos lo que ocurre con la Comisaría
10°, la cual si bien no envió
listado de sumarios si informa un total
de 5828, de los cuales 338 responden a
órdenes judiciales y 5381 por denuncias.
Es decir que sólo en 109 oportunidades
actuó por prevención estrictamente
hablando, y de ese número habría
que recortar aún los casos de flagrancia.
O la Comisaría 11°, donde de
un total de 4459 sumarios, sólo
362 se iniciaron por prevención
o flagrancia. Y de aquel total, es decir
no de este último grupo más
específico: 19 por drogas (sólo
3 por tráfico o comercio); 13 por
ley de profilaxis y; 1 por trata”.
Cada vez que alguien
realiza una denuncia no es que la policía
inicia actividades de prevención
y constatación inmediatas, sino
que le da intervención al Poder
Judicial. Este a su vez, precisamente
porque esas causas no se inician por prevención
corre vista al Ministerio Público
Fiscal para que inste la acción
penal ¿Qué significa esto
en términos prácticos? Significa
que transcurre tiempo entre que se denuncian
los hechos y se define la “voluntad”
del estado de hacer algo al respecto.
Y esto no sucede únicamente
con las denuncias propiamente dichas sino
incluso con las denuncias anónimas.
El recurso formal notarial del sumario
policial en términos prácticos
significa la administración de
la información y del tiempo, ambas
cosas sellan las posibilidades de impartir
justicia. Esa acción notarial es
otro rasgo positivista. Se inscribe en
esa lógica fatal de escribir antes
que ir a la calle y chequear “qué”,
“cómo” y “cuándo”.
Esa lógica fatal hace que “entre
la denuncia y la efectiva presencia del
estado para “procesar” ese
conflicto pasen días, semanas o
a veces meses”. “Aún
con esos límites, estamos en condiciones
de afirmar que no todo es responsabilidad
de las fuerzas policiales y que, en consecuencia,
se impone desde el sistema judicial (juzgados
y fiscalías) una mirada hacia adentro”,
según el análisis.
El Ministerio Público
Fiscal parece encontrarse en el medio
de dos fuerzas, dos titanes, límites
e inercias estructurales ¿cómo
llamarlas? La propia de las fuerzas de
Seguridad y luego la del Poder Judicial.
El Ministerio Público
no es una policía, pero tampoco
es un juez. El Ministerio Público
Fiscal tiene que autorizar a los jueces
a ejercer la jurisdicción, controlar
la legalidad de los procesos y representar
los intereses generales de la sociedad.
En conclusión, el panorama final
es el siguiente: “Fuerzas de seguridad
que funcionan como actuarias del delito,
ausencia de racionalidad a la hora de
asignar y distribuir recursos y personas,
ausencia de racionalidad en la formación
de los funcionarios, un sistema judicial
atravesado por un positivismo erotizado
que subordina la noble labor de ponerle
palabras y atribuir significado a los
conflictos de la polis, por una desmesura
en el culto a los formas”.
J.M.C.
