A pesar de las marchas y los
paros el macrismo logró dictámen
de mayoría y se discutirá la
modificación de las Juntas de Clasificación
Docente en el recinto. El proyecto del PRO
se trataría el 17 de noviembre, junto
al pedido de archivo de la oposición.
Además la Coalición Cívica
presentó una propuesta alternativa
y se la acusa de ser funcional al oficialismo.
Los docentes vuelven a parar y buscan impedir
que los legisladores puedan sesionar.
La propuesta del oficialismo
eliminaría las catorce Juntas de Clasificación
Docente que existen actualmente –que
deciden entre otras cosas la forma de designación
a cargos y ascensos– para formar una
oficina que unifique el trabajo de todas bajo
la órbita del Ministerio de Educación.
De la otra vereda están
los bloques que responden a los reclamos de
los docentes, y que se niegan rotundamente
a apoyar la iniciativa del macrismo. El FPV,
el ibarrismo, Solidaridad e Igualdad y Proyecto
Sur impulsan el archivo del proyecto.
A su vez, el legislador
Sergio Abrevaya de la Coalición Cívica
propone la disminución de las Juntas
de catorce a diez (una por cada área)
y plantea cláusulas transitorias para
que la modificación de las Juntas sea
gradual, de aquí a cuatro años.
Escuchemos las (primeras)
dos campanas...
El macrismo
“Entendemos que fue un logro, cuando
el país salía de la dictadura,
que los docentes porteños tuvieran
el control sobre las Juntas por la desconfianza
que había hacia las autoridades.
Pero estamos en otro momento y la Constitución
de la Ciudad establece que el Ejecutivo
debe velar por las políticas de educación,
como pasa en el resto del país y
el mundo, donde hay sistemas mixtos o directamente
el tema está en manos del Ejecutivo.
Hubo desprolijidades y arbitrariedades en
el manejo de las Juntas”. Victoria
Morales Gorleri, titular de la Comisión
de Educación de la Legislatura, una
de las autoras del proyecto.
Para el portal del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires los principales
aspectos del Proyecto de Ley de la Clasificación
y Designación docente sería
que el método en que se democratiza,
se moderniza y todo bajo transparencia.
Puntualicemos: “El Proyecto tiene
como único objetivo brindar una solución
al actual sistema de inscripción,
selección y designación de
los docentes en la ciudad que”, según
dicen, “se encuentra colapsado”.
Aclara que “los docentes seguirán
siendo los encargados de controlar y supervisar
el proceso de designación de docentes
de la Ciudad de Buenos Aires”.
Se crea una, única,
Junta de Control de la Clasificación
y Designación Docente cuyas funciones
serán “de acompañamiento
y seguimiento de los expedientes. Los docentes
podrán manifestar la solicitud de
intervención de la junta”.
Cabe agregar que el Proyecto de Ley está
siendo tratado en la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires, órgano en que se
encuentran representadas todas las fuerzas
políticas porteñas.
Según prometen
“el proceso será supervisado
y controlado por la Junta de Control de
la Clasificación y la Designación
docente, conformada por 12 representantes
gremiales elegidos por los mismos docentes”.
A su vez prometen que “toda la información
es pública y estará disponible
en Internet”. Y sostienen que “el
docente acelerará su inscripción
a través de un sistema de clasificación
online que le ahorrará la molestia
de recorrer todos los lugares de inscripción
y evitar así los formularios e inscripciones
diferentes”.
La campana opositora
“El Estatuto Docente es nuestro convenio
colectivo de trabajo y no se puede modificar
si no es con el acuerdo de las partes”,
Stella Maldonado, secretaria general de
CTERA.
El legislador Francisco
“Tito” Nenna (Encuentro Popular
para la Victoria) sintetiza en su portal
oficial: “el PRO presentó un
proyecto elaborado a espaldas de los trabajadores
pero la única manera de destrabar
el conflicto es aceptando el protagonismo
de los maestros en la construcción
de una ley que mejore el funcionamiento
del sistema educativo y garantizando las
elecciones de juntas para el 3 de noviembre”,
y añadió que “Bullrich
sueña con trocar un órgano
de cogobierno compuesto por trabajadores
electos entre docentes por una oficina de
recursos humanos”.
Al respecto, el
ministro de Educación de la Nación,
Alberto Sileoni, enfatizó en la necesidad
de que las diferencias se salden mediante
“el diálogo” y que la
solución estriba en legislar “con
los trabajadores, no sin ellos ni contra
ellos”.
Volviendo a “Tito” Nenna: “ponen
el carro delante de los caballos, por un
lado, porque se encierran en un despacho
para elaborar normas que inciden sobre más
de 50 mil trabajadores y 300 mil estudiantes
y, por otro, porque pretenden regular el
marco antes de garantizar los fondos para
sustentarlo”.
Entonces, ¿por qué tanto paro?
Hasta ahí parecería que el
error más grande del macrismo es
no discutir antes las cosas con los involucrados
en algún tipo de paritarias. Es una
tendencia de estos funcionarios que dicen
no ser políticos, y en lugar de “conducción”
buscan “administración de la
política”. Claro que no siempre
con malos proyectos, los hay incluso bien
pensados. Pero los involucrados directos
se sienten, indudablemente, molestos al
no ser consultados. Pero luego entramos
ya en otros temas, relacionados, que marcan
tendencia, pero harina de otro costal al
fin de cuentas.
“No se puede
hablar de calidad educativa en las escuelas
porteñas cuando la Ciudad de Buenos
Aires, siendo uno de los distritos más
ricos del país, invierte en educación
lo mismo que las provincias más pobres”,
sostiene Nenna que con ese ese criterio
arremete: “mientras que provincias
como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba,
gobernadas por partidos de diferente signo
político, destinan más del
30 por ciento de sus presupuestos para la
educación, el macrismo invierte sólo
26 puntos porcentuales”. Y es peor
aún, según explica Nenna habrá
menos para el 2012 que hubo en el presente:
“En 2011, el presupuesto educativo
constituye el 26,67 por ciento de la planificación
general de gastos y recursos pero para el
año entrante el Gobierno porteño
va a destinar el 26,07 por ciento”.
Y por último, advierte a su vez que
circula entre los despachos PRO y el Ministerio
de Educación la intención
de instalar en agenda un debate sobre la
calidad educativa.
En definitiva lo más grave de todo
este conflicto es el modo en que fue presentado
a la sociedad (dígase a los involucrados
directos). Ahora sí, en el medio
de todo este conflicto están las
familias que envían sus hijos a la
escuela pública y ante cada paro
se ven perjudicados en sus trabajos, así
sea por verse en la obligación de
contratar niñera, llevar los chicos
al trabajo o tomarse días de vacaciones
para que los chicos no queden sólos.
Más de un padre debe estar cotejando
hoy la posibilidad de enviar a sus hijos
a colegios privados para no verse tan trabado
en su trabajo. ¿Eso a quién
beneficia? ¿Quién es el principal
defensor y propulsor de la escuela pública?
Si no son los docentes, ¿no será
hora de encontrar otros métodos de
lucha o simplemente judicializar la cosa?
¿O dejarse ya de joder?
R.S.
