Travestis que viven y trabajan en la zona denuncian razias, en especial con personas migrantes. En la Legislatura porteña hay un pedido de informes que se votará el 20 de abril.
      Madrugada, Rivadavia y Jean Jaurès. Dos chicas trans paradas en la esquina esperan. Abre el semáforo y apuran el paso dos jóvenes que se tambalean. Las miran y entran a reírse. Uno, el más osado, encara a una, le aprieta el pecho, brusco, con dominio. Nunca deja de reír. Mira a su compinche, pasan de largo. Las chicas, sin miedo ni rencor, siguen paradas, siguen esperando.
      La escena duró segundos y es un disco rayado que se repite en distintas dosis cada vez que cae la noche en el Once. “Las chicas tienen miedo, les pasan esas cosas, incluso denuncian, y nunca pasa nada. Ves que sigue todo igual, tenemos un montón de compañeras muertas y maltratadas y no pasa nada”, dice en off una migrante trans consultada por este medio.
     Este verano se reportaron varios casos de violencia física contra jóvenes trans, lo que implicó una intervención judicial y un pedido de informes en la Legislatura porteña que se tratará a fines de abril en el recinto de sesiones. Pero ella insiste: “Ves que sigue todo igual”.


Invisibles y olvidadas hasta detenerlas
Luciana Sánchez, abogada de Otrans Argentina, ONG que asesora y denuncia la violencia contra personas trans, resume así la situación de Once: “Es una zona liberada para que agredan y golpeen a las mujeres trans en situación de prostitución, pero cuando un vecino denuncia la policía acude inmediatamente y las detiene”.
     El 13 de marzo dos migrantes trans peruanas en situación de prostitución fueron detenidas por agentes de la Policía de la Ciudad acusadas por infligir la Ley de Estupefacientes. Luego de permanecer incomunicadas, una fue liberada de madrugada y la otra estuvo en la comisaría 8 (Urquiza y Agrelo) hasta el mediodía por orden del juez federal N° 5, Marcelo Martínez Di Giorgi. Toda la noche hubo una vigilia de movimientos sociales y políticos, aparte de abogados y representantes de derechos humanos. Una treintena de personas estuvo alerta para seguir de cerca la situación de las travestis.
      “Fue un cambio de actitud. En general hay mucho miedo. Cuando una ve que detienen a una compañera lo primero que se te cruza por la cabeza es correr”, contaron migrantes trans consultadas por este medio, que pidieron permanecer en off.
      El problema, afirman desde la UB La Patria Es El Otro (Alsina y Urquiza) que trabaja esta problemática con vecinos del barrio, es la precariedad con la que viven las personas trans: “El tema de la vivienda es difícil acceder, como así también en la salud y en el trabajo. Partimos de lo básico. Para tener buena salud tenés que tener techo y trabajo; los 35 o 40 años de expectativa de vida que tienen está cruzado por la estigmatización y la falta de oportunidades, están expuestas a cualquier tipo de situación violenta”.
Varias trans contaron a este medio que en los hoteles o pensiones de la zona suelen no recibirlas por su elección identitaria: “A veces ni te abren la puerta, te dicen que están sin habitación, lo que sea para que te vayas. Muchas chicas se fueron a vivir a provincia y vienen a trabajar a Once o Constitución”.
    Desde la UB explican el viaje desganado que tienen que hacer para tener un lugar donde dormir: “Las chicas trans caen en hoteles tomados. Ahí siempre uno se hace el dueño del lugar, se trata de gente que discrimina, que no le gusta la presencia de las compañeras. Las personas que se adueñan del hotel tratan de manipular a las compañeras diciéndoles “vos vivís acá y un porcentaje de lo que ganás es para mí”, es complicado”.
    También denuncian que hay personas y policías que les piden una parte de lo que recaudan por ejercer la prostitución para “dejarlas” trabajar en la calle.
    “Las trans tienen pocos ingresos porque dejan mucha plata en estos intermediarios. Eso repercute en que no tengan buena salud. Tienen que patear la calle día y noche, eso las lleva a una situación extrema. Muchas empiezan a consumir, o consumen porque no tienen para comer”, describen en la UB.
    Las trans consultadas explican que la mayor parte de las veces la prostitución no es una opción. Se trata de la última alternativa, o la anteúltima en caso de contar la venta de droga al menudeo: “Nos cierran la puerta en la cara cuando pedimos una habitación para dormir, imaginá cómo es cuando una va a pedir trabajo, son muy pocas las que pueden tener un trabajo o emprendimiento. Queremos salir de esta forma de vida”.
     “Vienen acá desde países de Latinoamérica porque acá está vigente la Ley de Identidad de Género. Pese a todo, acá están mejor que en sus lugares de origen. Trabajan acá y mandan plata a sus familias, también pasa con gente que viene del interior”, explican en la UB.

A la luchadora por los derechos trans, Diana Sacayán, la mataron el 11 de octubre del 2015. Foto: rednosotrasenelmundo.org

La organización como una respuesta ante la violencia institucional
El Gobierno nacional endureció el discurso contra los migrantes que no tengan su documenta-ción en regla. Se han firmado decretos y reglamentaciones para agilizar la salida del país. En este contexto, las trans consultadas afirman que “ahora la policía se viene con todo”. “Con el tema de los documentos, aprietan más a las americanas que están en Plaza Once (dominicanas), tienen vía libre para pedirles más plata o las amenazan con hacer razias, encerrarlas y deportarlas”.
    La respuesta que han encontrado en el barrio es la organización. “Es importante tener estas redes, al momento de que detienen a una compañera mantenernos en contacto e ir hasta la comisaría”, explican al respecto en la UB.
    Sobre la experiencia durante la vigilia a mediados de marzo, en Alsina y Urquiza reflexionan: “Los comisarios se sintieron presionados ante las abogadas que preguntaban por las detenidas, la gente también llamaba y preguntaba. Después de esa noche adoptaron una nueva modalidad: cuando uno llama para preguntar por una trans detenida te piden datos personales para darte la información, es una vuelta de rosca para sacar desalentar la presión social”.
     Está en pleno desarrollo un relevo de las chicas trans que viven y transitan por el Once, contaron en la Unidad Básica. Se busca estar en contacto permanente, que si una no da señales se pueda buscarla con rapidez. Señalan que es una forma de romper con el miedo y el “no te metas” que imponían a la fuerza los ataques de patotas y las presiones policiales.
     En paralelo, a fines de marzo el Ministerio Público de la Defensa (MDP) y la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) presentaron una aplicación para celulares que permite activar un botón antipánico en caso de detenciones, razias, hostigamiento y represión policial.
     “La violencia policial no le permite pensar a las víctimas, y rompe con la organización política. Busca desarticular los colectivos”, explicó el responsa-ble del Programa Contra la Violencia Institucional del MPD, Christian Gruenberg. Y agregó: “La tecnología nos ha permitido, de alguna manera, sacarle el monopolio de la comunicación y del territorio a la policía”.

La violencia transfóbica despertó la alerta en la Legislatura porteña
Este verano fueron varios los casos de violencia contra personas trans, como habíamos adelantado en nuestra edición gráfica de enero. A fines de diciembre, una joven ecuatoriana de 20 años llamada Raiza desapareció tras ser apuñalada dos veces en 2016.
    El 30 de diciembre se presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 9 para garantizar la seguridad de las personas trans que viven y circulan por el Once. La justicia validó que se les garanticen botones antipánico.
    El 7 de enero una joven ecuatoriana de 21 años llamada Kimberly fue agredida con palos y golpes de puño en Moreno y Catamarca por “un grupo de hombres transfóbicos, xenófobos y profundamente violentos” que suele presentarse en las noches para agredir a mujeres trans “si no les pagan la parada”, según Otrans.
    En respuesta a estos hechos, tres días más tarde la jueza Andrea Dana, a cargo del juzgado N° 3 de turno, hizo lugar a un amparo de la ONG y exigió la presencia de una consigna policial en la zona y un patrullero para custodiar las inmediaciones de las calles. Ante todo lo antes expuesto por las trans consultadas llega a sonar contraproducente confiar la integridad de las trans en agentes policiales, muchas veces denunciados por éstas de hostigarlas.
    Los hechos ocurridos en Once motivaron la presentación de un pedido de informes en la Legislatura porteña. Miembros de la bancada del Frente para la Victoria (FpV) presentaron un texto para pedir informes sobre “los reiterados procedimientos policiales que tienen lugar en distintos barrios, donde están involucradas personas trans, travestis, transexuales o intersex” (expediente 674-17). Al cierre de esta edición, esta iniciativa estaba incluida para tratar en la sesión ordinaria del 20 de abril, según la labor parlamentaria del 30 de marzo.
     “La situación se vuelve más preocupante teniendo en cuenta que en lo que va del año se produjeron al menos tres ataques a mujeres trans en la zona de Once”, explican los argumentos de la iniciativa presentada por Pablo Ferreyra, Paula Penacca y Carlos Tomada.
    Según Otrans, debe resolverse la cuestión de fondo, que es la inclusión social de las personas trans. El año pasado se había presentado un texto parlamentario para “promover y garantizar derechos en el ámbito laboral para las personas travestis, transexuales y transgénero” (expediente 3324-16). Al cierre de esta edición la iniciativa se había complementado con otros textos para que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuente con su propia ley de cupo laboral trans, tal como tiene la Provincia de Buenos Aires.
    Los fundamentos de la iniciativa alertan que existe un “dispositivo de exclusión y discriminación social y cultural que opera contra este colectivo, el perjuicio social”. Según la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) esto “la discriminación genera desigualdades socioeconómicas que perjudican la cohesión social y la solidaridad, y que dificultan la disminución de la pobreza”.

J.M.C.