El gobierno, en este caso uno local, de la segunda o tercera ciudad más importante del país, Rosario de Santa Fe, asiento del puerto cerealero más importante de toda la Argentina acaba de derogar, 30 de noviembre, una resolución prohibiendo el uso del glifosato que la misma autoridad política había resuelto hace apenas semanas.

¿Cómo se explica semejante ”minué” cuando ni siquiera se trata de un órgano resolviendo en contra de otro, sino del mismo Concejo Municipal que con los mismos miembros ha vuelto sobre sus pasos y borrado lo resuelto poco antes?
No bien se aprueba la resolución de prohibir el uso de glifosato, toda la red de producción y servicio de la ingeniería genética que se ha adueñado de la agricultura argentina desde fines del siglo pasado –hace ya más de 20 años– se volcó con uñas y dientes sobre el asunto.
Y Rosario en Argentina procesó el mismo minué que hace apenas dos años vivió la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que al menos teóricamente cuida la salud de todos los humanos del planeta.
Desde que se propaga el glifosato como el herbicida estrella de la agroindustria porque es sobre él que se basa un proceso de ingeniería genética mediante el cual la soja GM sobrevive y produce en campos regados con tal herbicida, que acaba con el resto de vegetales (esto no es tan nítido; con los años, han ido apareciendo malezas resistentes al glifosato, pero ésa es otra historia). Hay investigaciones que advierten sobre la toxicidad del glifosato. Investigadores, como Carrasco, argentino y Séralini, francés, han advertido sobre lo inapropiado de los informes presentados por los laboratorios auspiciantes del glifosato para justificar su inocuidad.
Por ese motivo, durante años diversas redes sanitarias o ambientalistas han estado solicitando a la OMS un dictamen sobre la peligrosidad de la contaminación por el glifosato. Muchos años, tal vez 20. Finalmente, en marzo de 2015, un informe del IARC, la agencia de la misma OMS dedicada a la investigación y monitoreo sobre cánceres, dictamina que el glifosato es cancerígeno y con una gradación fuerte (en un abanico de 4, con el segundo nivel de peligrosidad). Consecuente-mente, 2015 se constituye el año en que la OMS empieza a condenar el uso de glifosato.
Bayer, Monsanto, Syngenta y en general los grandes laboratorios transnacionales productores de glifosato y, sobre todo, de las semillas de soja que se emplean para la agroindustria, ponen el grito en el cielo.
No bien salido el informe de la IARC, los comentarios desde los laboratorios afectados fueron del tipo: “No es tan peligroso, el alcohol lo es más”. Con lo cual no negaban -observemos esto- la toxicidad del herbicida pero a la vez le daban algo así como el rostro risueño de “una copita”. Magistral maniobra, habría comentado Macchiavello.
Entonces, en el mismo momento que la OMS empezaba a ser sensible al reclamo para definir la calidad sanitaria del glifosato por el dictamen condenatorio de IARC, sale otro actor a escena:
Otro ente asesor de la OMS, el JMPR (Joint Meeting FAO-WHO of Pesticide Residues, Comité Conjunto sobre Residuos de Pesticidas), devuelve la tranquilidad a los fabricantes de glifosato y a la agroindustria en general, dictaminando que “es poco probable que haya riesgo de que el glifosato sea carcinógeno para los seres humanos, en una exposición a través de la dieta.” En mayo de 2016, entonces, es decir 14 meses después, la OMS da marcha atrás con su dictamen de un año antes.
Pero ¿qué diablos es este otro ente asesor de la OMS que tira por la borda lo que tras muchos años de investigación, había trabajosamente establecido el IARC, ente asesor en el área médica y dedicado específicamente al cáncer?
Fuimos a internet para “conocerlo”. Por suerte, no pertenece a “la seguridad” y se lo puede rastrear sin dificultad. Tal vez lo más significativo esté en cómo se integra la JMPR.
Dice el sitio oficial: “Selección de los miembros. Los expertos desempeñan sus funciones a título personal, y no como representantes de su país u organización.” Repare el lector: sus miembros no responden sino a su visión e interés personal, que es seguramente muy, pero muy bien atendido por laboratorios que ganan miles de millones de dólares anuales. Constituido entonces el JMPR por una casta de profesionales cooptados. Sin responsabilidad institucional alguna en sus países o universidades de origen.
Se trata de una comisión organizada desde el mundo empresario, pero investida de autoridad a través de las redes de la ONU como para que se presenten como “ciencia”. En rigor, se dedica a calibrar cuanto veneno, cuántos tóxicos podemos ingerir… sin caer fulminados tan de inmediato como para que se rastree la causa.
Para evitar “meter la pata” muy abiertamente, la JMPR no investiga el daño de venenos y contaminantes sobre quienes operan a diario con él, sino solamente sobre los consumidores (son muchos más, claro, pero mucho menos expuestos).
Por eso declaran: “es poco probable que haya riesgo […] en una exposición a través de una dieta”. Ignoran así a los que trabajan con dicha sustancia, Ignoran también a los miles de campesinos que se han suicidado (especialmente en India) con un vaso de glifosato (porque las políticas crediticias los han fundido).
Blanden el concepto ligeramente perverso de “Ingesta diaria admisible” IDA. Ingesta diaria resultado de una determinada forma de producir alimentos. Que si fuera necesaria, en todo caso habría que reconocer que es tóxica, pero con Public Relations nos quieren hacer creer que no genera enfermedad.
La idea que encierra la consigna “ingesta diaria admisible” procura esconder que se trata de veneno. Y la “admisibilidad” resulta de que se miden las consecuencias de semejante ingesta de manera aislada, como si el consumidor enfrentara esa única ingesta con veneno, cuando es lo más habitual, sobre todo en las grandes ciudades, que existen multitud de “alimentos” con sus respectivas IDA, pero que si alguien se atreviera a establecer su sinergia, vería con facilidad que lo admisible tiembla y se derrumba.
El chequeo de estas revelaciones internéticas nos permite mejor calibrar las escaramuzas sobrevenidas en Rosario.
Representantes de la Bolsa de Comercio de Rosario, la Asociación de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja) mantuvieron una reunión con los concejales que habían “legislado” contra el glifosato, y la “explicaron” que el glifosato es un herbicida permitido y legal en el país.1
Y les aclararon que: “Numerosas organizaciones internacionales han emitido opinión científica sobre el glifosato que demuestran que no existen impactos negativos en la sanidad, inocuidad y el ambiente de este producto.” Quitando el dato “inflacionario” sobre innominadas organizaciones numerosas, me juego doble contra sencillo que se trata de nuestra vieja conocida JMPR. Porque son obviamente inaceptables todos los informes “favorables” de los mismos laboratorios que comercializan y ganan sus dólares a carradas con la agroindustria.
La Sociedad Rural Argentina pontificó a través de su director Federico Boglione contra “las decisiones extremas”.2 Hay un metamensaje en esto.
El arrepentimiento, o “dada vuelta” ha servido para mostrar la ligereza con que se resuelven cuestiones en los órganos políticos. Varios ediles reconocieron que “faltó profundizar el debate”.
Es también significativo cuáles han sido las representaciones políticas que votaron una cosa y a las dos semanas la opuesta: las bancadas de Cambiemos y del Partido Socialista.3
Cada vez es más inocultable el daño que está sufriendo el ambiente y las poblaciones más expuestas a agrotóxicos. Las tasas de cánceres, de malformaciones congénitas y de alteraciones endócrinas presentadas por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados son escalofriantes.
Pero los interesados en el negoción de la agroindustria y fundamentalmente el consorcio sojero no quiere perder la gallina de los huevos de oro, caiga quien caiga, cueste lo que cueste.

Luis E. Sabini Fernández
[email protected]

1 Germán de los Santos, La Nación, 1 dic. 2017.
2 Ibídem.
3 Ibídem.

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Reedición de un material del 2001
La reedición de “Transgénicos: la guerra en el plato” salió este mes. Porque 16 años después el tema de los transgénicos continúa, lamentablemente, siendo extrema actualidad. Con un mínimo agregado de su autor, Luis E. Sabini Fernández, se vuelve a editar este clásico que en el 2001 salió con el apoyo del Grupo de Reflexión Rural (GRR), REL-UITA y nosotros. Esta vez acompañó Ediciones Centáurides. Para quien quiera este material fresco les contamos que tenemos algunos en la redacción (Don Bosco 3563, tel. 2059-8114) con el precio al costo de $60.-