Una ley democrática de alquileres

La senadora nacional del Frente para la Victoria, Teresita Quintela, es autora de un fabuloso proyecto que reclama la intervención del estado en el mercado de alquileres. Mientras los capitalistas trinan, quienes alquilamos la apoyamos.
   En este proyecto de ley ya no será legal lucrar como hoy en día con una necesidad básica como son los inmuebles. El proyecto tiene varias patas. Por un lado la obligación de alquilar desde el estado construyendo viviendas al mejor estilo de la socialdemocracia sueca en sus años de oro. Por otro lado, salvo los inmuebles mayores a 150 m2, los demás deberían regirse por un valor que sería la 150° parte del precio de la unidad, que incluye el precio del terreno y el costo de construcción.
    Para el propietario los números cierran: en 12 años y medio el inversor recuperaría su dinero. Y, por otro lado, el inquilino paga algo más acorde a la realidad del país y de sus ingresos. Siguiendo su esquema, por ejemplo, un depto de 100 m2 en una zona céntrica costaría $882 mensuales de alquiler, mientras uno periférico de 50m2 costaría apenas $349.

Algunos puntos de la Ley de Alquileres
Citamos a continuación un punteo de iProfesional.com destacando los aspectos más importantes que propone la iniciativa:
- Cinco años de duración mínima: la extensión del plazo de la locación a cinco años renovables, a opción del inquilino, obedece al hecho de que una familia se instala en un barrio y organiza su rutina laboral, así como un comerciante o profesional desarrolla su clientela en ese tiempo, ventajas que en la actualidad pierden por la mera voluntad de un tercero (el propietario).
- Subdivisión del mercado: "El proyecto de ley prevé que el juego de la oferta y la demanda se realice solamente en el segmento llamado premium, aquellas viviendas de más de 150 metros cuadrados de superficie propia, y que son destinadas a personas con elevado poder adquisitivo y que es la que tiene una real capacidad de elección”, sostuvo la senadora.
- Precio sin oferta y demanda: el valor de los alquileres de las viviendas que cuentan con menos de 150 metros cuadrados no dependerá del mercado, sino del costo de cada unidad (precio del terreno más costo de la construcción) dividido por 150, para determinar el precio mensual de la locación, lo cual permite recuperar la totalidad del capital invertido en 12 años y medio y seguir manteniendo la propiedad del bien.
- Sin pagos anticipados: no podrá requerirse del inquilino o locatario el pago de alquileres anticipados, depósitos de garantía y/o el pago de valor llave o su equivalente.
- Pagos del alquiler: todos los desembolsos deberán depositarse en cuentas bancarias, cuya identificación será comunicada fehacientemente por el propietario del bien locado y/o estipulada en la firma del contrato.
- En manos del estado: la creación de la "Organización Estatal de Locaciones Urbanas para Alquilar" tendrá bajo su responsabilidad construir 10 millones de metros cuadrados por año, lo que equivale a 100.000 viviendas. Esto hará intervenir al estado como un miembro más del mercado, y otorgará mayor equidad en la construcción de unidades, dado el carácter federal de la institución. Este ente construirá, por sí mismo o a través de terceros, o adquirirá por compra o expropiación, viviendas familiares, estudios profesionales y locales comerciales para ser destinadas al alquiler en forma exclusiva. Bajo la órbita del Ministerio de Planificación, se manejaría una asignación anual de fondos suficientes para construir 10.000.000 de metros cuadrados de vivienda. La asignación de las mismas en los municipios quedará a cargo de una comisión ejecutiva presidida por el intendente local.

¿Suena democrática la propuesta? Y sí. Pero ojo, los capitalistas especuladores pusieron el grito en el cielo. Según iProfesional.com “la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, la Cámara de Propietarios de la República Argentina (CAPRA), la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) y el Centro Argentino de Derecho Inmobiliario y Propiedad Horizontal (CADIPH), emitieron un duro documento en común donde rechazaron de plano la iniciativa”. Opinan que sería inconstitucional, intentado por todos los medios de reivindicar un sistema excluyente, pretendiendo continuar negociando con las necesidades básicas de los ciudadanos. Uno de sus argumentos es que como cobrarían menos renta amenazan con menos oferta… cuestión fácilmente regulable: cobrar un impuesto agregado por inmuebles ociosos (como propuso hace un tiempo el legislador Juan Cabandie, FPV, en la Legislatura porteña).
     El asesor de Quintela, Walter Moore, agregó a iProfesional.com: “No se congelan los alquileres, se actualizan año a año, de acuerdo al verdadero valor de la propiedad y no al valor especulativo”. Y la misma Quintela resaltó: “El espíritu de la ley es darle una solución a las familias que necesitan una vivienda para criar a sus niños y que no han podido satisfacerse con los intentos de brindar viviendas propias del sistema hipotecario, cuyos planes han fracasado sistemáticamente”. Sin embargo, sabe que hay fuertes poderes en su contra: "Todos sabemos que son muchos los intereses de los grandes sectores, pero no vamos a bajar los brazos ya que se trata de frenar los abusos. Salvo las organizaciones de los inquilinos, todos se manifestaron en contra del proyecto. No quisieron ni leerlo. […] Aquellos que critican la iniciativa, lo hacen porque la misma va en contra de las multinacionales y poderosos que se encargan de administrar el mercado negro que hay en juego”.
    ¡Aguante esta propuesta popular y moderna! Por una vivienda digna para todo habitante de este suelo.

R.S.

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