Hidrocarburos: nacionalizar, vade retro

Foto: Clarín.
La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, desató una tormenta continental. En la población de nuestro país, el impacto es mayor aún, ya que Bolivia y Argentina eran los únicos países que tenían contratos leoninos a favor de las petroleras. Una reciente encuesta señala que más del 70 % de los argentinos están a favor de que el Estado vuelva a ser dueño de las riquezas hidrocarburíferas. Sin embargo y a pesar de que entre el Estado nacional y los provinciales sólo retienen el 36 por ciento de las ganancias de las empresas, el gobierno nacional reafirmó en estos días su compromiso con la multinacionales del área.
     Una encuesta publicada por el diario Página 12, el 7 de mayo indica que sobre 1100 personas consultadas en diversas partes de Argentina el 74 por ciento se mostró “de acuerdo" y "muy de acuerdo", con que Kirchner decrete la nacionalización de los hidrocarburos. En tanto que el 22,3 por ciento se manifestó en total desacuerdo.
     Por su parte integrantes del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO), entregaron al presidente de la Nación, Néstor Kirchner, una carta donde señalan los desaciertos de la política privatizadora de los recursos petroleros y proponen una serie de medidas para revertirla (Ver la nota siguiente, Carta al presidente Kirchner). Al mismo tiempo numerosos sectores de la clase trabajadora y del campo popular también se han expresado a favor de la recuperación del control por parte del Estado del control de los hidrocarburos.
    Mientras, en la Casa Rosada, continúan con la política energética instaurada por Carlos Menem durante su presidencia. En algunos casos inclusive han ido más allá ya que el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que exime de impuestos a las actividades de exploración y explotación de gas y petróleo, de aprobarse esto permitiría a las compañías petroleras gozar de exenciones impositivas, eliminando los riesgos minero y empresario. Esto es algo que ni siquiera se atrevieron la dupla Menem-Cavallo.

¿Hacia una medida cosmética?
Tras la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, el presidente de Repsol-YPF, Antoni Brufau, declaró el 12 de mayo: “Sería bueno sacar a la Bolsa Repsol YPF, poner de un 15 a un 20 por ciento en el mercado, siempre y cuando el mercado esté en condiciones óptimas y se les dé valor a la compañía y a sus accionistas". En algunos círculos, esto fue leído como parte de una estrategia que coincide con las intenciones del gobierno nacional de adquirir parte del paquete accionario de Repsol-YPF o que el mismo fuera comprado por operadoras nacionales. En marzo comenzó a correr esta versión. En esos días la revista económica Fortuna, tituló su artículo de tapa: “Paso a paso, cómo se nacionalizará la mayor petrolera”. Algunos funcionarios han dejado entrever, que el 25 de mayo, se haría un anuncio en esa dirección.
Encaramándose en esta declaraciones y versiones, la consultora estadounidense, Bloomberg, disparó la versión que indicaba que el gobierno argentino estaría obligando a vender un 51% de su filial YPF a inversores argentinos a riesgo de ser nacionalizada. Julio de Vido, ministro de Planificación Federal desmintió la versión y afirmó en la cumbre de mandatarios Europa/Latinoamérica Viena: "Bajo ningún aspecto hemos forzado a Repsol ni ninguna compañía a vender sus activos", - y añadió - "el objetivo de su gobierno es captar nuevas inversiones españolas". Otro funcionario argentino en Viena afirmó: "la voluntad del gobierno argentino es que Repsol YPF continúe desarrollando su trabajo en Argentina e incluso que intensifique su colaboración y participación en el desarrollo energético”.
     A pesar de los rumores de hecho lo que sucede, es una mayor injerencia de Repsol en el negocio petrolero argentino. El 11 de enero del 2006, se anunció en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, con la presencia del Presidente de la Nación, la firma de contratos “de participación” entre ENARSA y multinacionales petroleras. Con posterioridad se anunció un convenio de similares características con la firma chilena SIPETROL. ENARSA, más allá de que el Estado Nacional es propietario del 65% de su paquete accionario es una sociedad anónima. Esto significa que los contratos firmados son desconocidos no sólo para los argentinos en general, también lo son para los legisladores nacionales. De los tres contratos firmados los dos principales son con Repsol. A partir de allí esta petrolera tiene previsto empezar sus operaciones en el Mar Argentino y sus directores ejecutivos han propagandizado con bombos y platillos que la empresa tiene un plan de inversiones en la Argentina, hasta 2009, cercano a los 7000 millones de dólares. De cualquier manera lo cierto es que lo que se llevarán es muchísimo más, ya que en nuestro país las retenciones son sólo del 36% de la renta.
    Algunas razones para decretar la nulidad de los contratos petroleros
· La Ley de Hidrocarburos prohibe que una misma empresa tenga más de cinco áreas concesionadas y no se cumple.
· La ley de privatización de YPF no autorizaba la prórroga de las áreas que tenía la empresa cuando era estatal y Cavallo lo hizo por decreto.
· No se constituyeron sociedades mixtas en áreas donde se aplica recuperación asistida como manda la Ley de Reforma del Estado,
· Se otorgaron prórrogas para la explotación de los yacimientos Loma de la Lata, Ramos y Acambuco con 17 y 20 años de anticipación, cuando la condición para extenderlos es evaluar el desempeño de la empresa durante los últimos veinticinco años.
· La venta de YPF se hizo sin tasación oficial previa, como marcaba la Ley de Reforma del Estado
Venezuela, Bolivia, Brasil, Argentina
¿Qué tiene de semejantes y que de diferentes estos países? En los últimos años, el imperialismo yanqui y los sectores ligados al capital financiero mundial, han sufrido reveses de consideración en estos países. En lo político, allí terminan las semejanzas.
    En Venezuela hay una revolución en marcha y después de una dura lucha, la petrolera estatal PDVSA, ahora está totalmente en manos de los venezolanos. En los últimos meses el gobierno bolivariano intimó a las empresas transnacionales del área a aceptar que el 51% del paquete accionario sea propiedad del Estado, o irse de Venezuela.
    En Bolivia el nuevo presidente fue elegido por las mismas masas que se insurreccionaron tres veces en contra de las multinacionales que saquean sus recursos naturales y energéticos; y en el camino voltearon a dos presidentes. Contra todo lo previsto para los políticos burgueses, Evo Morales comenzó a cumplir sus promesas electorales y el 1º de mayo estatizó el 51 % del paquete accionario de las petroleras pequeñas y el 85 de las grandes.
En Brasil, Petrobrás es estatal; pero a diferencia de Venezuela, quien dirige el gobierno es la burguesía nacional. La defección del Partido de los Trabajadores y su líder y actual presidente del país Ignacio Lula Da Silva con el giro hacia la socialdemocracia y la conciliación con la burguesía brasileña, es una de las frustraciones importantes para las masas latinoamericanas.
     ¿Qué pasa en Argentina?. Se ha afirmado en más de una ocasión que Kirchner fue la respuesta que dio el capital en su recomposición luego de la crisis del 2002. En los tres años de gobierno, este elenco gobernante no ha desmentido esta aseveración. Aún teniendo en cuenta algunos gestos demagógicos en los derechos humanos, en lo económico se ha mostrado más ortodoxo que los anteriores gobiernos. Y ha dado pasos más profundos aún. La conformación de ENARSA y AYSA, como sociedades anónimas, deja fuera del control del Congreso a dos empresas claves del sector energético. Aún cuando todavía ENARSA es un sello, pero un sello que, como se dice más arriba ha firmado contratos con Repsol para explorar la plataforma marina que son desconocidos para los argentinos. De hecho este gobierno se está comportando como el más firme aliado y defensor de los sectores más concentrados del capital. A tal punto que cuando en marzo, se conoció públicamente, que Repsol había declarado como propias un 20% de reservas que no le correspondían, por parte del gobierno nacional no hubo ninguna sanción, ni apercibimiento.
Todas estas razones llevan a afirmar que si es por Argentina, el señor Antoni Brufau, presidente de Repsol YPF, puede dormir tranquilo. A lo sumo habrá alguna compra de acciones pactada entre el gobierno y la petrolera, y que será publicitada como un avance del Estado sobre las transnacionales petroleras. De la misma manera que se pagó el total de la deuda externa al FMI, y se lo presentó como un acto supremo de patriotismo.
    Para el conjunto del pueblo de este país, para su clase trabajadora, el camino de la recuperación de los recursos naturales, las empresas privatizadas, lleva necesariamente a la lucha política y la construcción de una nueva sociedad. Sin embargo, en el camino es importante insistir en reestatización de las empresas de servicios, con control de sus trabajadores y los usuarios.

Carlos Antón
[email protected]
Fuentes: COCEPA – INFOMORENO/ Movimiento Nacional Oro Negro/ La Nación / Expansion.com
Agencia Walsh